La fiscalía de Neuquén llevó a cabo un allanamiento en el municipio de Plottier, con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y un manual de contrataciones. Esta acción forma parte de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión del intendente Luis Bertolini, que incluyen defraudación agravada y abuso de autoridad. Bertolini denunció que el proceso busca "amedrentarlo", y advirtió que, si se le formulan cargos, podría ser suspendido de su puesto.
La investigación se centra en un decreto que exime de tasas a algunos vecinos y en posibles contrataciones irregulares que habrían favorecido a ciertas personas en la obra pública. La fiscal Rocío Rivero, junto con el Departamento de Delitos Económicos de la policía, secuestró 89 expedientes de contrataciones realizadas en los últimos meses para determinar la legalidad de estas acciones.
Por su parte, el fiscal jefe Pablo Vignaroli rechazó la solicitud de apartarse del caso, argumentando que su labor incluye informar a la prensa sobre el avance de la investigación, lo que considera un deber público. Vignaroli defendió su objetividad y aseguró que su atención a los medios no implica prejuicio hacia ninguna de las partes involucradas. La controversia será resuelta por el fiscal general, José Gerez.
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