El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha decidido tomar nuevas medidas de austeridad en el gobierno provincial. Aunque ya había cerrado su primer año de gestión con un superávit cercano a los 600 millones de dólares, las condiciones económicas del país lo han llevado a exigir a sus ministros nuevos recortes. La medida consiste en un ajuste de un 12% en los gastos corrientes, afectando a todas las carteras del gobierno provincial. El gobernador pidió a sus funcionarios que eliminen cualquier gasto innecesario y mantengan estricta vigilancia sobre los recursos.
Impacto de la inflación y la economía nacional
La decisión llega en un contexto de creciente incertidumbre económica a nivel nacional. Con una inflación que superará el 18% previsto inicialmente y una caída en los ingresos vinculados al petróleo, Figueroa ha enfatizado la necesidad de blindar el presupuesto provincial. En declaraciones del ministro de Economía, Guillermo Köenig, se explicó que el ajuste se enfoca en eliminar gastos considerados "superfluos" como viajes, viáticos, combustibles y contrataciones de personal innecesario.
El ministro aseguró que el gobierno continuará invirtiendo en áreas claves como salud, educación y seguridad, pero que los recortes se concentrarán en aquellos sectores que no son prioritarios para la gestión. Además, la incorporación de nuevos empleados se limitará, salvo en sectores esenciales como los ya mencionados.
Un camino de recortes continuos
Este ajuste no es una medida aislada. Figueroa, quien durante su tiempo como legislador y presidente de la Legislatura Provincial se mostró siempre crítico del manejo económico del gobierno, ha adoptado un enfoque de austeridad que lo ha llevado a aplicar varios recortes durante su mandato. Esta política refleja no solo una preocupación por la situación económica de la provincia, sino también una estrategia para asegurar que el gobierno provincial se mantenga operativo en tiempos de incertidumbre económica, especialmente frente a los desafíos nacionales e internacionales.
La respuesta de la administración provincial ante la caída de los precios del petróleo y la inflación es clara: un mayor control sobre los recursos y una estricta contención del gasto. Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas, aunque necesarias, no son suficientes para enfrentar los problemas estructurales de la economía provincial y se puede observar un cierto temor a que esto afecte a los servicios públicos en el corto plazo.
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