La Legislatura de Neuquén se encaminó este martes hacia una medida inédita: la obligatoriedad de controles toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Con dictamen unánime en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el proyecto sumó respaldo político y quedó listo para ser tratado en Presupuesto, el paso previo a su eventual sanción en el recinto.
La propuesta abarca a gobernadores, jueces, legisladores, intendentes y concejales, entre otros cargos, y busca instalar un mecanismo regular de test de drogas en quienes ejercen responsabilidades públicas. Según adelantaron los legisladores, los exámenes se realizarán a través de pruebas rápidas de orina o saliva, con la posibilidad de confirmar los resultados en laboratorio en caso de que surja un positivo.
Cómo serán los controles
El proyecto establece que cada funcionario deberá costearse su propio test, cuyo valor podrá descontarse directamente de sus haberes. Además, deja en claro que la negativa a someterse a los estudios se considerará equivalente a un resultado positivo.
La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), impulsora de las modificaciones, explicó que las pruebas rápidas permiten reducir costos y agilizar los procesos sin necesidad de recurrir en todos los casos a análisis de sangre. Ante un positivo, el funcionario tendrá derecho a solicitar una contraprueba en otro laboratorio dentro de las 48 horas, con un perito de parte y la opción de recusar la designación del centro de análisis.
También se prevé la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes, que será la encargada de supervisar los protocolos, asesorar en casos positivos y recomendar mejoras en el sistema. Para garantizar la trazabilidad y la confidencialidad, se implementará un registro interno con acceso restringido.
Debate constitucional y sanciones
Durante el tratamiento en comisión surgieron reparos vinculados al encuadre constitucional. El diputado Federico Méndez (Comunidad) advirtió que la suspensión o destitución de funcionarios está regulada por la Constitución provincial y que no corresponde delegar esas atribuciones en la autoridad de aplicación.
En la misma línea, César Gass (JxC-UCR) planteó la necesidad de un análisis más profundo sobre los alcances del proyecto. Finalmente, se resolvió que las sanciones dependerán del cargo: en el caso de funcionarios electos, podrá aplicarse la suspensión o revocación del mandato; mientras que para jueces y miembros del Poder Judicial no sujetos a juicio político, la herramienta será el jurado de enjuiciamiento.
La iniciativa, sin embargo, logró el respaldo unánime de los bloques, con la idea de que sea en Presupuesto donde se profundice el debate sobre costos y aspectos operativos antes de llegar al recinto.
“No habrá privilegios”
El presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), subrayó que el objetivo central del proyecto es igualar a los funcionarios con los trabajadores que ya deben someterse a controles de este tipo.
“Nos sometemos a los mismos controles que un trabajador común. Es un criterio de igualdad”, afirmó, al remarcar que la medida no admite excepciones.
Con el dictamen favorable, la Legislatura neuquina dejó encaminado un proyecto que, de aprobarse, colocará a la provincia entre las primeras en exigir controles toxicológicos a toda su dirigencia política, judicial y administrativa.
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