Un nuevo cruce entre el legislador provincial Marcelo Bermúdez y la cooperativa eléctrica CALF reabrió el debate sobre el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos en las facturas del servicio. El diputado cuestionó que se aplique un recargo del 2% a usuarios monotributistas, un sector que –a diferencia de los contribuyentes del régimen general– no puede descontar ese importe de sus obligaciones fiscales. Desde CALF respondieron que se trata de una percepción legal y que solo se aplica a quienes no tienen su situación fiscal al día.
La controversia se originó tras la presentación de una nota formal de Bermúdez dirigida al presidente de CALF, Marcelo Severini, en la que solicita eliminar esa percepción para los pequeños contribuyentes. Según explicó el diputado en medios radiales, se trata de un “gasto injusto” para trabajadores independientes y emprendedores que ven encarecido su costo mensual de electricidad por no poder compensar ese impuesto.
CALF: “Es legal y depende del usuario actualizar sus datos”
La cooperativa respondió rápidamente al planteo del legislador. En su descargo, indicó que actúa como agente de percepción del fisco provincial, según lo dispuesto por la normativa vigente, y que no se está aplicando el recargo a los usuarios que declararon correctamente su condición de monotributistas.
“El sistema está preparado para no aplicar la percepción a quienes informaron su situación fiscal en tiempo y forma”, señalaron desde CALF. La actualización de datos, indicaron, es responsabilidad exclusiva del titular del servicio, quien puede realizar el trámite en un plazo de 30 días hábiles desde cualquier cambio de categoría.
Además, recordaron que el marco legal que regula el vínculo con los usuarios surge del Contrato de Concesión aprobado por ordenanza municipal, el cual obliga a los clientes a presentar una declaración jurada al momento de solicitar el servicio y a mantenerla actualizada.
El trasfondo político y la reacción institucional
La nota firmada por Bermúdez fue ingresada oficialmente el lunes 22 de julio, y la respuesta institucional de CALF se difundió al día siguiente. Si bien no se trató de un enfrentamiento directo, el intercambio refleja tensiones previas entre sectores políticos y autoridades de la cooperativa, en un contexto en el que el control de tarifas y tributos locales genera cada vez más fricciones.
Por el momento, no se anunció ninguna medida concreta para modificar el mecanismo de percepción de Ingresos Brutos. Sin embargo, el tema vuelve a poner sobre la mesa la carga tributaria en los servicios públicos y la necesidad de mayor información para los usuarios.
Desde ambos sectores coincidieron, al menos, en una recomendación: revisar y mantener actualizada la situación fiscal ante los prestadores de servicios para evitar recargos innecesarios.
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