Los padres que no pagan la cuota alimentaria en Neuquén enfrentarán una nueva restricción: no podrán ingresar a recitales, espectáculos públicos, eventos deportivos ni fiestas populares. La medida surge de un proyecto de ley que ya obtuvo despacho unánime en la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura, y que, de prosperar en los próximos pasos legislativos, podría votarse en el recinto en la primera semana de septiembre.
La iniciativa amplía el listado de sanciones que ya rigen sobre los deudores alimentarios, quienes actualmente tienen prohibido obtener la licencia de conducir, postularse como candidatos en elecciones y acceder a viviendas sociales. Ahora, la prohibición se extenderá al ámbito recreativo y cultural, en un intento de remarcar el incumplimiento con las obligaciones parentales como una falta grave frente a la sociedad.
El autor del proyecto es el legislador Francisco Lepore (Avanzar), quien explicó que “no se le puede permitir entrar a un recital a una persona que incumple con sus deberes de cuidado”. La propuesta toma como referencia lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, donde se llegó a impedir el acceso a espectáculos a personas registradas como deudoras, entre ellos dos asistentes a un recital de Los Piojos.
La autoridad de aplicación será el ministerio de Gobierno provincial, que coordinará con los municipios los controles en cada evento. El alcance será amplio: no solo quedarán alcanzados quienes figuren en el registro de deudores alimentarios morosos, sino también personas con sentencia firme por violencia familiar o de género, aquellas que incumplan medidas cautelares y quienes no acaten tratamientos terapéuticos ordenados judicialmente.
En cuanto a los organizadores, la normativa se aplicará a todo evento pago que supere las 200 personas, un número mucho menor al planteado en el proyecto original, que establecía el límite en mil asistentes.
Obligaciones de los organizadores y sanciones
Los productores de recitales y espectáculos deberán implementar sistemas de verificación que permitan cruzar datos con los registros oficiales, utilizando herramientas tecnológicas que pondrá a disposición el Estado provincial. Además, tendrán la obligación de informar en la publicidad y en los puntos de venta de entradas que rige esta prohibición.
En caso de incumplimiento, las sanciones serán severas: una multa equivalente al 10% de la recaudación total del evento y la posibilidad de quedar suspendidos de manera temporal para organizar futuros espectáculos en la provincia.
Para los asistentes que intenten evadir la restricción, la penalización será igual al doble del valor de la entrada más cara del evento.
Los fondos recaudados por estas multas se destinarán a campañas de concientización sobre responsabilidad parental y a programas de prevención de la violencia de género, reforzando el carácter social de la medida.
Próximos pasos en la Legislatura
El proyecto ya superó el primer filtro en la comisión de Desarrollo Humano y Social, aunque casi se queda sin quórum: el despacho se consiguió a las 14.05 gracias a la presencia de la diputada del MPN, Patricia Fernández, que aportó el octavo voto necesario.
La próxima semana, la iniciativa deberá ser tratada en Asuntos Constitucionales y en Hacienda. Si mantiene el consenso, quedará lista para ser votada en las sesiones previstas para el 3 y 4 de septiembre. Hasta el momento, ningún bloque de la oposición ni del oficialismo manifestó objeciones, lo que anticipa un posible acompañamiento mayoritario en el recinto.
Comentarios