La salida de Gloria Ruiz de su cargo como vicegobernadora de Neuquén generó una serie de cambios significativos en la Legislatura provincial. La actual vicepresidenta primera, Zulma Reina, tomó las riendas con el compromiso de reestructurar la administración legislativa y revisar exhaustivamente los contratos temporarios y las plantas políticas.
En total, se registraron 65 desvinculaciones, de las cuales 40 corresponden a cargos políticos y 25 a contratos temporarios que no fueron renovados. Estas medidas representan un ahorro estimado de 1.300 millones de pesos anuales a partir de 2025.
Revisión de contratos y medidas concretas
El proceso de revisión comenzó con casos emblemáticos, como el del asesor Néstor Gelos, quien fue separado de su cargo tras comprobarse que nunca asistió a su lugar de trabajo. También fueron desvinculados Gustavo Chittadino, prosecretario legislativo; Vicente Fabián Molina, designado en planta política temporaria; Cristián Antonio Banegas, asesor; y Marcos Horacio López, de la Coordinación de Casa de las Leyes.
En cuanto a los contratos, cinco fueron dados de baja en noviembre, 18 en diciembre y dos en enero. A esto se suman algunas renuncias voluntarias, como la de Isabel Ricchini, quien se desempeñaba como secretaria de Cámara.
Nuevos nombramientos y objetivos de la gestión de Zulma Reina
En reemplazo de las autoridades salientes, Zulma Reina designó a Mariana Valdebenito, empleada de carrera, como secretaria de Cámara; Claudio Cotro, también de planta permanente, como prosecretario legislativo; y Darío Brugues, quien ocupa un cargo político, como prosecretario administrativo.
Hay gente muy formada, muy capacitada, que viene con una gran trayectoria, no tomarlos hubiera sido lamentable. Son aquellos que nos guían, nos enseñan el trabajo legislativo, es fundamental.
El objetivo principal de esta reestructuración es optimizar los recursos públicos, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la eficiencia operativa de la Legislatura neuquina. Estas medidas reflejan una respuesta concreta a las demandas ciudadanas de mayor responsabilidad en el uso de los fondos públicos y de una administración más austera y efectiva.
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