El pedido volvió a escena después de 19 años. Los Defensores del Pueblo de Neuquén capital, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Centenario y Zapala presentaron una nota conjunta dirigida al gobernador Rolando Figueroa y a la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina. En ella solicitaron la pronta sanción de la ley que reglamente la creación del Defensor del Pueblo provincial, un cargo previsto por la Constitución desde 2006 y que nunca fue puesto en funcionamiento.
El documento, ingresado esta semana a la Legislatura, busca reactivar un debate que quedó congelado durante casi dos décadas. Los firmantes remarcan que el incumplimiento de la norma constitucional “no sólo posterga una herramienta clave de control ciudadano, sino que debilita la confianza en las instituciones públicas”.
Una deuda institucional con la ciudadanía
La Constitución provincial incorporó hace 19 años la figura del Defensor del Pueblo de Neuquén como órgano autónomo e independiente, destinado a proteger los derechos colectivos, fiscalizar la gestión pública y garantizar la transparencia del Estado. Pero su creación quedó en suspenso por la ausencia de una ley reglamentaria que establezca los procedimientos de designación, las competencias y las condiciones del cargo.
“Consideramos que es parte de nuestra misión darle sentido a la definición constituyente que ordena la creación de las Defensorías como una instancia de fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, expresaron los defensores en la nota. Subrayaron además que la falta de este organismo provincial impide la articulación de políticas conjuntas y deja sin cobertura a municipios que aún no cuentan con sus propias defensorías.
En su planteo, los cinco funcionarios coincidieron en que el contexto social actual —marcado por reclamos de transparencia, deficiencias en la prestación de servicios y malestar con la gestión pública— exige contar con una figura que funcione como contralor independiente del Estado.
“El Defensor del Pueblo no reemplaza a la Justicia ni a los organismos de control, pero representa la voz de la ciudadanía ante la administración pública”, explicaron, destacando que su creación consolidaría una democracia más participativa y cercana a los vecinos.
Qué dice la Constitución y qué falta
Según el texto constitucional, el Defensor del Pueblo provincial deberá ser designado por los dos tercios de los legisladores, tendrá un mandato de cinco años sin posibilidad de reelección y un salario equivalente al de un diputado. Entre sus atribuciones, podrá investigar irregularidades en los distintos niveles de gobierno, promover acciones judiciales y mediar en conflictos entre ciudadanos y organismos públicos.
Actualmente, el proyecto de ley reglamentaria aguarda tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde los defensores esperan que se retome la discusión antes de fin de año. De concretarse, Neuquén se sumaría a la mayoría de las provincias argentinas que ya cuentan con una Defensoría del Pueblo en funcionamiento.
Mientras tanto, las defensorías municipales continúan cubriendo ese vacío institucional desde sus territorios, actuando frente a casos de abuso administrativo, conflictos vecinales, problemas de servicios y reclamos por acceso a derechos básicos. Sin embargo, advierten que sin una figura provincial se pierden herramientas de coordinación y alcance.
Un llamado al compromiso político
El pedido formal apunta a que tanto el Ejecutivo como la Legislatura asuman el compromiso de cumplir con un mandato constitucional pendiente desde hace casi veinte años. Para los defensores, la creación del organismo no sólo fortalecería el sistema democrático, sino que aportaría transparencia y cercanía entre el Estado y la ciudadanía.
“Es una oportunidad para saldar una deuda institucional con los neuquinos”, concluye el texto, que busca abrir una nueva etapa de diálogo político y darle finalmente vida a una figura creada para defender los derechos de todos.
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