El Gobierno ha decidido cesar a once trabajadores del Hospital Garrahan, incluyendo diez dirigentes sindicales, como consecuencia de la toma de oficinas en la Dirección Médica el 31 de octubre de 2025. Esta acción protestó contra los descuentos salariales aplicados por días no trabajados durante paros. La medida fue adoptada tras la finalización de sumarios administrativos que investigaron el incidente, en el que se interrumpió el funcionamiento institucional y se produjeron agresiones verbales.La investigación interna del hospital concluyó que los trabajadores cesanteados no solo participaron en la ocupación, sino que jugaron un rol activo en su organización y dirección. La decisión del Consejo de Administración se basó en la gravedad de las acciones, y aunque se impusieron sanciones menores a otros implicados, se determinó que estos once casos justificaban una medida más severa. La lista incluye a destacados delegados de ATE y APyT, entre otros.El hospital ha indicado que la toma afectó el funcionamiento de una institución clave para la atención pediátrica en el país, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. A pesar de la protección legal que otorga la tutela gremial a la mayoría de los cesanteados, la desvinculación se encuentra supeditada a la resolución judicial que determine el levantamiento de esta protección. La única trabajadora sin tutela podrá ser desvinculada de inmediato.Mientras las organizaciones gremiales han anunciado su intención de impugnar las cesantías y continuar con acciones en defensa de los trabajadores, el conflicto sigue abierto a la espera de la intervención de la Justicia laboral. La resolución de este caso es significativa, no solo para los afectados, sino también para el clima de tensión existente entre el Gobierno y los sectores gremiales en el ámbito público, especialmente en servicios esenciales como el Hospital Garrahan.
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