El Tribunal integrado por Juan Guaita, Juan Manuel Kees y Luciano Hermosilla dictó un fallo que quedará como un punto de inflexión en la política neuquina. Según la resolución, entre septiembre de 2020 y julio de 2022 se creó dentro del Ministerio de Desarrollo Social una red ilícita que desvió fondos de planes sociales. Lo que debía aliviar la situación de familias vulnerables terminó convertido en una “caja azul” utilizada para sostener el clientelismo y financiar al Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Los jueces coincidieron en que la maniobra fue sostenida en el tiempo, con capacidad de adaptarse a los controles, y que generó un serio perjuicio a las arcas provinciales. “La organización explotó la necesidad de los sectores más desprotegidos para apropiarse de los recursos”, resumió uno de los magistrados durante la lectura del veredicto.
Cómo funcionaba el mecanismo
El fallo reveló detalles del esquema que dejó al descubierto el uso indebido de los programas sociales. Las víctimas eran adultos mayores, personas desempleadas y familias con integrantes con discapacidad. Ellos recibían apenas un 10% del beneficio que les correspondía, mientras que el 90% restante era retenido por la organización.
Entre las maniobras detectadas se incluyen el uso de tarjetas de débito por terceros, cobro de cheques con firmas falsificadas y entrega discrecional de subsidios a familiares o allegados. También se comprobó que se pagaban abogados y se alquilaban vehículos con dinero de los planes sociales, recursos que debían estar destinados a necesidades básicas de los beneficiarios.
Los jueces remarcaron que todo el sistema se basaba en el engaño y el abuso de confianza, con un objetivo claro: consolidar una red de lealtades políticas a través de la asistencia social administrada de manera discrecional.
Los responsables identificados
La fiscalía señaló a cinco exfuncionarios como principales responsables de la asociación ilícita:
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Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales.
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Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización.
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Marcos Ariel Osuna, exjefe de Gestión de Programas.
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Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social.
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Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración.
A ellos se sumaron otros nombres, como los de Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo, en calidad de integrantes de la estructura. Dos de los imputados aceptaron parte de la responsabilidad: Sánz reconoció administración fraudulenta y uso indebido de tarjeta, mientras que Osuna se declaró partícipe secundario en defraudación.
Antes de este veredicto ya había nueve personas condenadas con penas en suspenso. Eran reclutadores que se encargaban de captar beneficiarios, cobrar cheques falsificados y entregar el dinero a los jefes de la organización. Algunos también alquilaban bienes o prestaban servicios al Ministerio, siempre pagados con partidas sociales desviadas.
Un caso testigo de corrupción estructural
El fallo marca un precedente inédito: por primera vez se confirma judicialmente que los planes sociales fueron manipulados para generar un “patrimonio ilícito” y para captar voluntades políticas. La sentencia describe un engranaje donde los recursos públicos se transformaron en instrumentos de financiamiento partidario.
Más allá de los nombres propios, el caso deja en evidencia un fenómeno estructural: la vulnerabilidad social puede convertirse en terreno fértil para prácticas de corrupción que afectan directamente a quienes más necesitan del Estado. Para la Justicia neuquina, este episodio no solo se trató de un fraude económico, sino de un ataque a la confianza en las instituciones y al sentido mismo de las políticas sociales.
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