Desde hace varias semanas, los trabajadores de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén se encuentran en pie de guerra. La falta de respuestas por parte del gobierno provincial ante una serie de reclamos ha llevado a la medida de fuerza, que incluye paros, asambleas permanentes y hasta retiros sorpresivos de sus funciones. La denuncia principal es clara: el organismo está siendo víctima de un desfinanciamiento progresivo, que afecta tanto a los programas de derechos humanos como las condiciones laborales dentro de la institución.
Según los empleados, la desactivación de programas clave relacionados con la memoria, la verdad y la justicia no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan más amplio de vaciamiento que podría tener consecuencias graves en la protección de los derechos fundamentales de la población.
Falta de recursos y condiciones indignas
Uno de los puntos más críticos de la protesta es la situación de las instalaciones del organismo, que, según los trabajadores, son insostenibles. Entre las deficiencias señaladas, se incluyen la falta de agua potable, problemas de infraestructura como ascensores inoperativos, ventanas peligrosas y un sistema eléctrico que no cumple con los estándares mínimos de seguridad. Además, denuncian que no se han realizado fumigaciones en el edificio y que los equipos de calefacción y aire acondicionado están fuera de servicio.
La escasez de insumos básicos también es un factor recurrente en las quejas de los trabajadores. Aseguran que no cuentan con material de oficina adecuado, computadoras o cámaras para desarrollar sus tareas. Estos recursos son esenciales, sobre todo para llevar adelante su labor en defensa de los derechos humanos y la promoción de la memoria histórica.
Maltrato laboral y vaciamiento institucional
Además de las denuncias sobre la infraestructura y los insumos, los empleados también han levantado la voz frente a lo que califican como una creciente violencia laboral. Señalan que el maltrato en el ámbito de trabajo es una constante, afectando tanto el bienestar personal como la eficiencia de sus funciones. A pesar de los esfuerzos por visibilizar estos problemas, hasta el momento no han recibido soluciones efectivas ni compromisos de cambio por parte de las autoridades provinciales.
Una lucha por la supervivencia de los derechos humanos
La protesta que comenzó como un reclamo por condiciones laborales dignas ha derivado en una batalla más amplia por la preservación de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Los trabajadores advierten que, si el gobierno no toma cartas en el asunto y no se compromete a solucionar los problemas planteados, las medidas de fuerza se intensificarán en las próximas semanas.
En un contexto donde los derechos fundamentales de las personas más vulnerables podrían estar en juego, los empleados de la Subsecretaría de Derechos Humanos aseguran que no cederán en su lucha hasta lograr que el organismo recupere su funcionamiento pleno y pueda seguir cumpliendo con su rol fundamental en la provincia.
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