El conflicto sobre el control de las represas hidroeléctricas en los ríos Limay y Neuquén sigue generando tensiones entre el gobierno nacional y las provincias involucradas, principalmente Neuquén y Río Negro. Las autoridades provinciales habían solicitado mayor participación en la gestión de estas centrales tras el vencimiento de sus concesiones. Sin embargo, el gobierno de la Nación ha cerrado la puerta a estas demandas, argumentando que la administración federal de estas instalaciones se basa en un marco legal que así lo permite.
El fundamento legal del control nacional
En su último informe, la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional ha defendido su control sobre las represas, citando la Ley 15.336, que regula el sector eléctrico, y la Constitución Nacional. Según este informe, la generación hidroeléctrica es considerada un "interés general" que corresponde gestionar al Estado nacional. El fundamento legal para esta interpretación se encuentra en el artículo 75, inciso 13, de la Constitución, que regula el comercio interjurisdiccional, así como en el artículo 31, que establece la supremacía de las leyes federales.
Si bien la reforma constitucional de 1994 reconoció a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales, esta no modificó las facultades del gobierno nacional para otorgar y administrar concesiones de explotación hidroeléctrica. De esta manera, el gobierno federal sostiene que las provincias no tienen la autoridad para tomar decisiones clave sobre la administración de estas represas.
Reacciones provinciales y la lucha por más participación
Por su parte, las provincias de Neuquén y Río Negro no han quedado conformes con esta respuesta. Ambas reclamaron una mayor participación en la gestión de las represas, basando su demanda en que, como titulares originarios de los recursos hídricos, deberían tener un rol más activo no solo en la administración de los recursos sino también en la distribución de los beneficios económicos generados por la energía hidroeléctrica.
Además, las provincias han solicitado una revisión del porcentaje de regalías hidroeléctricas que reciben. Actualmente, perciben un 12% de las regalías, una cifra que consideran insuficiente en relación con el valor real del recurso y los beneficios económicos generados por las represas.
El futuro de la administración de las represas y la disputa por los recursos
El gobierno nacional, por su parte, ha defendido la necesidad de un sistema energético integrado en todo el país, y ha enfatizado que la gestión centralizada de estos recursos es clave para garantizar la estabilidad del sistema energético. Además, se destaca que las represas no solo abastecen a las provincias, sino que tienen un impacto directo en todo el sistema energético nacional.
A pesar de los esfuerzos de las provincias para ampliar su participación, el gobierno central ha mantenido su postura, basándose en principios legales y constitucionales. Esto ha dejado claro que las tensiones entre la autonomía provincial y la autoridad del gobierno nacional en la gestión de recursos naturales siguen siendo un tema complejo y conflictivo en Argentina.
El debate sobre las represas hidroeléctricas en los ríos Limay y Neuquén no solo pone en evidencia las tensiones entre la Nación y las provincias, sino también las dificultades del sistema federal argentino para equilibrar la distribución del poder en torno a los recursos naturales. Mientras las provincias luchan por una mayor participación y beneficios más equitativos, el gobierno nacional reafirma su control con base en principios constitucionales y la necesidad de una gestión energética centralizada.
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