En Neuquén la propuesta de someter a funcionarios públicos a controles de drogas ha generado un debate sobre la responsabilidad pública y la transparencia en la gestión estatal. Tras el llamado del gobernador Rolando Figueroa durante su discurso inaugural en marzo de 2025, la Legislatura provincial discutirá dos proyectos que buscan implementar tests toxicológicos a quienes ocupan cargos gubernamentales.
La Iniciativa del PRO: pruebas obligatorias y aleatorias
El primer proyecto, impulsado por el diputado Marcelo Bermúdez (PRO), propone que todos los funcionarios del Estado, desde el ejecutivo hasta el poder judicial, se sometan a controles toxicológicos de manera obligatoria. Según esta propuesta, los exámenes se realizarían antes de asumir el cargo y luego, de manera aleatoria, cada dos años.
Este proyecto establece que la negativa a realizarse un test será considerada como un resultado positivo, lo que conllevaría a la suspensión temporal del funcionario. Además, en caso de un resultado positivo, el funcionario tendría derecho a solicitar una contraprueba, pero, de confirmarse, se aplicaría una suspensión sin goce de sueldo hasta que se determine su continuidad o destitución.
Bermúdez defiende la iniciativa como una medida para garantizar la confianza pública en los funcionarios, asegurando que los encargados de tomar decisiones estratégicas deben estar en condiciones óptimas de salud, especialmente en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas es una prioridad.
La Propuesta de Unión por la Patria: un enfoque diferente
Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria presentó una versión distinta de la medida, que plantea realizar los controles una vez al año. A diferencia de la propuesta del PRO, esta también incluiría a los miembros de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de la provincia.
En este proyecto, los resultados de los controles serían confidenciales y, en caso de un resultado positivo, el funcionario tendría que someterse a tratamiento. La reincidencia o la negativa injustificada a realizar los exámenes podrían ser causa de remoción definitiva del cargo.
Diferencias clave
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Frecuencia de los controles: El proyecto del PRO propone un control inicial y luego cada dos años, mientras que el de Unión por la Patria establece una vez al año.
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Inclusión de Fuerzas de Seguridad: La propuesta de Unión por la Patria extiende los controles a las fuerzas de seguridad, algo que no contempla el proyecto del PRO.
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Procedimiento tras un resultado positivo: Mientras que el proyecto del PRO establece una suspensión sin goce de sueldo tras un resultado positivo, el de Unión por la Patria opta por un enfoque más centrado en el tratamiento, con la posibilidad de remoción solo en casos de reincidencia.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de restaurar la confianza pública, aunque cada una tiene un enfoque diferente sobre cómo garantizar la integridad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. El debate está abierto, y será clave observar cuál de las propuestas logra el apoyo mayoritario en la Legislatura de Neuquén.
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