El ministro de Economía, Luis Caputo, ha revelado que el gobierno argentino ha optado por pagar un vencimiento clave de más de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizando Derechos Especiales de Giro (DEGs) adquiridos a Estados Unidos. Esta decisión ha generado inquietudes sobre la viabilidad de depender de este mecanismo financiero, especialmente tras haber enfrentado un pago de USD 4.200 millones a bonistas a principios de año. Caputo defendió la operación, explicando que, aunque los pagos se realizan en DEGs, estos deben comprarse en el mercado, lo que ha suscitado interrogantes sobre el origen de los dólares necesarios para esta transacción.A pesar de las consultas sobre la procedencia de los fondos para adquirir los DEGs, el Ministerio de Economía no ha proporcionado respuestas claras. Las reservas brutas del país han aumentado a USD 45.109 millones, y los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central también han crecido. Sin embargo, la falta de transparencia sobre cómo se obtuvieron los recursos para el pago al FMI plantea dudas sobre la solidez de esta estrategia financiera. La diferencia de USD 396,57 millones en los depósitos del Tesoro no parece haber surgido de una compra del Ministerio de Economía al Banco Central, dejando abiertas las preguntas sobre su origen.Aunque se había especulado sobre la posible activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, Caputo desestimó esta opción, afirmando que la operación se llevó a cabo con divisas propias. El ministro insistió en que el Gobierno no tiene intención de buscar financiamiento externo en los mercados internacionales, lo que podría ser un indicativo de una estrategia de aislamiento financiero. Sin embargo, esta postura genera dudas sobre la capacidad del Gobierno para manejar sus obligaciones de deuda de manera efectiva.En un contexto donde el riesgo país se encuentra por debajo de 500 puntos básicos, han surgido expectativas sobre la emisión de deuda en el exterior. Provincias como Córdoba y Entre Ríos están buscando colocar bonos para mejorar sus condiciones de deuda. Córdoba ya ha emitido un segundo bono en Nueva York por USD 800 millones, mientras que Entre Ríos está en proceso de emisión, lo que podría atraer entre USD 400 millones y 450 millones. Estas acciones reflejan una necesidad urgente de gestionar la deuda y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de las decisiones financieras del Gobierno.
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