El Servicio de Salud Mental del Hospital Provincial Neuquén “Dr. Castro Rendón” encendió las alarmas al difundir un comunicado donde expone una situación que, según los profesionales, se agrava semana a semana: renuncias constantes, cierre de camas y sobrecarga laboral.
Si bien aclararon que la atención en guardia e internación continúa garantizada, los equipos trabajan con recursos mínimos, lo que compromete la calidad del servicio y el bienestar del personal.
El pronunciamiento fue una respuesta directa a declaraciones del dirigente de ATE, Carlos Giménez, quien había cuestionado la atención de pacientes internados. Los trabajadores calificaron esos dichos como “falsos y amenazantes”, y defendieron la tarea cotidiana que sostienen en medio de una estructura debilitada por la falta de inversión y personal.
Menos camas, más demanda y salarios rezagados
Uno de los puntos más críticos señalados en el documento es la reducción de la capacidad de internación. La reestructuración que unificó los servicios de Adicciones y Salud Mental redujo las camas de 18 a 10, limitando la posibilidad de recibir pacientes en situaciones de crisis severa.
“Esa decisión, sumada a la falta de médicos en la guardia de adicciones, genera una sobrecarga en la atención interdisciplinaria”, advierten desde el hospital.
La crisis también se refleja en los equipos técnicos: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos que migran al sector privado en busca de mejores condiciones. El éxodo deja vacantes difíciles de cubrir y multiplica la carga sobre quienes permanecen en el sistema público.
Los profesionales atribuyen esta realidad a una política de ajuste que impacta directamente en la salud mental pública. “Los equipos operan con recursos humanos mínimos y en un contexto de alta demanda tanto interna como externa”, indicaron en el comunicado.
Reclamos por salarios y autonomía profesional
Entre los reclamos más urgentes figura la necesidad de un aumento salarial inmediato, la cobertura de los cargos vacantes y la apertura de concursos en áreas críticas. También solicitaron la implementación de una cláusula de actualización mensual que acompañe la inflación, con el objetivo de evitar que los sueldos queden desfasados frente al costo de vida.
Además, denunciaron que la Dirección de Salud Mental interfiere en las estrategias terapéuticas de los equipos, lo que —según el texto— “vulnera la autonomía profesional” y afecta el vínculo con los pacientes.
“Hace más de un año sufrimos intervenciones que condicionan la práctica y desconocen la experiencia de quienes sostenemos el trabajo en territorio”, expresaron los firmantes.
En medio de la crisis, los trabajadores reiteraron su solidaridad con los equipos de emergencia del hospital y reclamaron medidas concretas para fortalecer los servicios públicos. “Sin personal, sin recursos y con salarios congelados, la salud mental corre el riesgo de colapsar”, concluye el documento.
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