El futuro de Vialidad Nacional sigue en el centro del conflicto. A partir del decreto 461/25, el gobierno nacional impulsa su integración con otros entes y un recorte generalizado que, según denuncian los gremios, pone en riesgo más de 600 empleos en la Patagonia. En Neuquén, 142 puestos dependen directamente del organismo, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza y volanteadas sobre rutas estratégicas como la 22, advirtiendo sobre las consecuencias de un posible cierre.
En ese escenario, el gobierno provincial adoptó una estrategia distinta. Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, la gestión de Rolando Figueroa entregó esta semana nuevas máquinas a Vialidad Provincial, priorizando el mantenimiento de rutas internas y zonas del interior. La medida llega en momentos en que la red vial enfrenta el invierno y el Operativo Nieve requiere refuerzos logísticos.
El conflicto nacional y las tensiones en Neuquén
Luis Cuevas, secretario general del gremio vial en Neuquén, señaló que el fallo judicial que frena momentáneamente la disolución es “solo un respiro”, ya que el gobierno apelará la medida. Mientras tanto, los trabajadores rechazan las declaraciones oficiales que califican al organismo como una “cueva de ladrones” y reclaman el reconocimiento de su labor en las rutas.
El decreto presidencial busca absorber Vialidad Nacional dentro de estructuras ajenas a la obra pública. Desde el gremio alertan que las tareas diarias –licitaciones, mantenimiento, limpieza de banquinas y control técnico– quedarían desatendidas o tercerizadas, lo que afectaría directamente la seguridad vial en provincias como Neuquén.
Una apuesta provincial en medio de la incertidumbre
En paralelo, el Ejecutivo neuquino refuerza su estructura vial propia. El gobernador Figueroa señaló que “las rutas deben seguir siendo una responsabilidad del Estado” y defendió el rol de Vialidad Provincial como ejecutor de obras y proyectos estratégicos. En Zapala, se entregaron ocho motoniveladoras, cuatro cargadoras, una pala y una retroexcavadora, destinadas al mantenimiento de rutas y asistencia en emergencias.
Las autoridades provinciales indicaron que esta compra busca cubrir la mayoría de los 5.700 kilómetros de rutas de ripio que conforman la red vial neuquina, evitando el alquiler de maquinaria privada que hasta ahora encarecía los operativos. Además, se destacó que el organismo provincial supervisa obras realizadas por el sector privado y desarrolla proyectos para la expansión de la red.
Sin embargo, el contexto nacional agrega incertidumbre. Mientras Nación y gremios discuten el futuro del organismo nacional, Neuquén avanza con un modelo de gestión provincial con recursos propios, en el que la obra pública permanece bajo control estatal, al menos por ahora.
En medio del debate sobre el rol del Estado en la infraestructura vial del país, las provincias buscan respuestas locales ante el recorte nacional. La red de rutas, su mantenimiento y la seguridad vial quedan, así, en el centro de una disputa que todavía no muestra una salida clara.
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