El proceso de transferencia al sector privado de las represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue avanza con velocidad y bajo condiciones que generan inquietud en las provincias involucradas. Este lunes, el Gobierno Nacional envió a Neuquén y Río Negro el borrador del pliego de bases y condiciones para la licitación de las represas de El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Sin embargo, lo que debería ser un proceso técnico y de análisis riguroso parece estar marcado por la urgencia. Aunque los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) habían solicitado un plazo de al menos 30 días para revisar el contenido, desde la Nación solo otorgaron 15 días corridos. Para colmo, cinco de esos días ya se consumieron antes de que los documentos llegaran a manos de las provincias.
“Están haciendo esto en forma un poco apresurada, en un tema que es sustancial para la Provincia”, señaló Rubén Etcheverry, ministro de Planificación de Neuquén, en una declaración que refleja la incomodidad creciente ante lo que podría considerarse un proceso inconsulto.
Reorganización empresarial y privatización: un camino allanado desde Nación
La avanzada privatizadora sobre las represas tuvo su punto de partida con la publicación de un decreto a comienzos de 2024, a través del cual se crearon cuatro nuevas sociedades anónimas bajo la órbita de empresas públicas: Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A. Estas nuevas entidades, una por cada represa, servirán como vehículos legales para la transferencia accionaria al capital privado.
El objetivo declarado del Gobierno es concretar un Concurso Público Nacional e Internacional que permita vender el paquete accionario mayoritario o controlante de cada sociedad. A través de un nuevo decreto (Nº 263 del 10 de abril), se estableció que la convocatoria debe realizarse en un plazo máximo de 15 días, lo cual puso en marcha una carrera contra reloj para las provincias, que aún no tienen plena claridad sobre el alcance legal, económico y ambiental del proceso.
Si bien se garantiza la participación de las provincias y organismos interjurisdiccionales, el contexto apurado pone en duda la posibilidad real de incidir en las condiciones de venta de activos clave para el desarrollo energético de la región. Estas represas no solo son estratégicas por su capacidad de generación, sino también por su impacto en la regulación del recurso hídrico y el equilibrio ambiental de los ríos Limay y Neuquén.
¿Una decisión ya tomada?
El envío del borrador del pliego a las provincias parece más una formalidad que una invitación a debatir. Con plazos tan ajustados y decisiones previamente encaminadas, queda flotando la sensación de que el proceso está más cerca de ser una imposición que una construcción conjunta entre Nación y provincias.
El futuro de estas represas podría definirse en escritorios ajenos a la región, mientras Neuquén y Río Negro tratan de asimilar la velocidad con la que se busca cerrar un capítulo crucial para su soberanía energética.
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