El Concejo Deliberante de Neuquén abrió un nuevo frente de discusión con un proyecto que propone la implementación obligatoria de narcotests para funcionarios y personas que aspiren a ocupar cargos jerárquicos dentro de la administración municipal. La iniciativa, presentada por el bloque Fuerza Libertaria, busca garantizar que quienes ejerzan responsabilidades públicas lo hagan en condiciones de plena aptitud física y mental.
La propuesta plantea que los aspirantes deban acreditar no poseer adicciones a sustancias ilegales antes de asumir sus funciones. Según explicaron sus autores, el objetivo del proyecto “no es sancionar ni estigmatizar”, sino reforzar la transparencia y la confianza en la gestión pública, estableciendo estándares claros de responsabilidad institucional. Los resultados de las pruebas serían confidenciales y se realizarían en laboratorios públicos habilitados.
Posturas divididas en el Concejo Deliberante
El debate ya generó reacciones diversas entre los concejales. Para algunos, la medida representa un paso hacia una mayor ética pública, alineada con políticas de control que garanticen idoneidad en los cargos del Estado. Otros, en cambio, advierten que la exigencia podría vulnerar derechos individuales y abrir la puerta a prácticas discriminatorias.
Desde la presidencia del cuerpo deliberativo señalaron que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis en comisión y que se buscará alcanzar consensos antes de avanzar hacia su tratamiento en el recinto. “Es un tema sensible, que requiere un abordaje técnico y legal cuidadoso”, reconocieron fuentes legislativas consultadas.
La iniciativa se discute en paralelo con otra propuesta impulsada por el mismo bloque, que plantea la creación del Registro Municipal de Control Colaborativo, una herramienta de participación ciudadana para monitorear políticas ambientales y de higiene urbana.
Un debate sobre transparencia y derechos
Ambos proyectos podrían obtener dictamen en las próximas semanas, lo que abriría el camino a un debate más amplio sobre la transparencia y las condiciones de acceso a la función pública. En este contexto, el narcotest se transformó en un símbolo de un dilema más profundo: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en su control sobre la vida privada de los funcionarios?
Para sus impulsores, la medida responde a una demanda social creciente de honestidad y ejemplaridad en la política. “La gente quiere saber que quienes manejan fondos públicos están en condiciones plenas de responsabilidad”, argumentaron desde Fuerza Libertaria. Sin embargo, desde otros bloques plantean que la adicción debe ser tratada como una cuestión de salud pública y no como un factor de exclusión.
Mientras el proyecto avanza por las comisiones, el debate promete intensificarse en las próximas sesiones del Concejo. En una ciudad donde la ética y la transparencia institucional ocupan cada vez más espacio en la agenda política, el narcotest aparece como un nuevo punto de tensión entre la búsqueda de confianza pública y la defensa de los derechos individuales.
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