El domingo al mediodía, el centro de Neuquén fue escenario de un operativo policial que desalojó a integrantes de cuatro comunidades mapuche que desde hacía cinco días bloqueaban el ingreso principal a Casa de Gobierno. La protesta exigía el reconocimiento legal a través de personerías jurídicas pendientes. Tras el procedimiento, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, aclaró que la medida fue ordenada por el Ministerio Público Fiscal y ejecutada por la Policía provincial, y defendió el accionar del Estado: “No podemos dar el mensaje de que la vía institucional no sirve”.
En diálogo con una radio local, Tobares remarcó que el desalojo fue el último recurso, luego de lo que definió como “múltiples instancias de diálogo” entre diciembre de 2023 y julio de este año. Según el funcionario, la protesta –a la que calificó como una acción “intransigente”– se produjo pese a las reuniones previas en las que se había explicado el avance del expediente. “Las personerías jurídicas no se resuelven en tiempos exprés”, subrayó.
Por qué no se resolvió aún el pedido de las comunidades
Consultado sobre el estado del trámite, Tobares explicó que el reconocimiento legal de las comunidades Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas se encuentra en etapa administrativa. “No se trata de negar derechos, sino de cumplir los procesos. El expediente no está terminado y es necesario concluirlo”, sostuvo. También reconoció que el compromiso asumido en septiembre de 2024, cuando el gobierno prometió agilizar el trámite en 15 días, no se cumplió en esos plazos, aunque lo atribuyó a la “cautela” con la que el Estado provincial analiza cada caso.
El ministro dio un dato clave para entender la demora: en siete décadas, sólo 57 de las 86 comunidades mapuche en Neuquén obtuvieron personería jurídica. En los últimos cinco años, apenas dos trámites lograron completarse.
¿Qué propuso el gobierno tras el desalojo?
Tobares destacó que, como parte de la voluntad de diálogo, el Ejecutivo provincial ofreció a las comunidades que un organismo externo, como la Universidad del Comahue o algún instituto especializado en derechos indígenas, pueda revisar el expediente administrativo. “Los expedientes están abiertos y a disposición. Queremos transparencia y control externo”, afirmó.
Respecto al operativo policial, el ministro aclaró que su ejecución fue decisión del Poder Judicial, no del Ejecutivo: “Nosotros somos el brazo ejecutor de una orden judicial. No decidimos ni el momento ni el modo”.
Finalmente, aseguró que el gobierno mantiene los canales abiertos para evitar futuras confrontaciones: “Queremos que esto no vuelva a repetirse. Por eso insistimos en diálogo, control y procesos claros”.
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