El gobierno nacional ha anunciado que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad será parte del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque el debate sobre cómo abordar los delitos cometidos por menores ha sido un tema recurrente, el año pasado se logró avanzar significativamente, llegando a firmar un dictamen de mayoría en comisión. Sin embargo, la falta de consensos y la inminente recambio legislativo hicieron que el proyecto se quedara sin tratamiento en el recinto. La propuesta original buscaba fijar la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años, aunque finalmente, bajo presión de aliados como el PRO y la UCR, se estableció en 14 años.El proyecto contempla penas máximas de 15 años de privación de libertad para delitos graves, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias y reparaciones del daño en casos de delitos menos severos. Además, se enfatiza la creación de institutos especiales para menores condenados, garantizando su derecho a la educación y atención médica. Un aspecto controvertido ha sido el reclamo de gobernadores para asegurar financiamiento nacional para construir estas instalaciones, así como la capacitación del personal especializado en infancia y adolescencia.La propuesta también incluye una serie de medidas complementarias, como programas de educación, rehabilitación y control de consumo de sustancias. Los procesos judiciales se llevarían a cabo de forma reservada, protegiendo la identidad de los adolescentes imputados y asegurando la intervención de equipos interdisciplinarios en casos de inimputables. Este enfoque surge a raíz de situaciones de violencia, como el reciente crimen de Jeremías Monzón, que han impulsado la urgencia de discutir y aprobar este régimen penal en el contexto actual.
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