Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén podría marcar un cambio importante en el acceso a eventos públicos. La iniciativa, impulsada por el legislador Francisco Lepore (Avanzar), propone prohibir el ingreso a espectáculos deportivos, culturales o recreativos a quienes figuren en registros oficiales por violencia de género o por incumplimiento del pago de la cuota alimentaria.
Según el texto, los organizadores de eventos con una asistencia superior a mil personas estarán obligados a verificar la identidad de los asistentes mediante plataformas digitales conectadas con bases de datos oficiales. Quienes no respeten la normativa podrían ser sancionados con multas de hasta el 10% de la recaudación total del evento, mientras que los infractores deberán pagar el doble del valor de la entrada.
Violencia económica y espacios públicos: un nuevo enfoque
“El no pago de la cuota alimentaria es una forma de violencia económica que impacta directamente en la vida de niños, niñas y adolescentes”, sostiene el proyecto, que además considera que los espacios masivos de recreación pueden funcionar como herramientas de visibilización y sanción social.
Aunque medidas similares se han discutido en otros puntos del país, el proyecto en Neuquén pone el foco en la articulación entre tecnología, seguridad y derechos. Será el Ministerio de Seguridad provincial quien deberá actuar como autoridad de aplicación y coordinar el funcionamiento del sistema de control.
Controles, sanciones y apoyo político
El expediente ingresó el martes 11 de junio bajo el número 17714 y cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Ernesto Novoa, Mónica Guanque, Luz Ríos, Yamila Hermosilla (Comunidad) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén). Para sus impulsores, se trata de una herramienta concreta para proteger derechos vulnerados y enviar un mensaje claro en ámbitos de alta exposición pública.
La iniciativa plantea un esquema de sanciones económicas con el fin de desalentar el incumplimiento y reforzar el control. Para los organizadores que no realicen las verificaciones obligatorias, las consecuencias podrían ser significativas en términos financieros.
A pesar de que aún debe debatirse en comisión, el proyecto ya generó repercusión en redes sociales y medios locales, donde se abrió el debate sobre la privacidad de los datos, la implementación tecnológica y los límites del derecho de admisión. Desde el entorno del legislador aseguran que estos aspectos están contemplados y que el objetivo no es estigmatizar, sino proteger a las víctimas y garantizar un entorno social más justo.
Comentarios