La Comisión de Asuntos Constitucionales (A) de la Legislatura de Neuquén recibirá este viernes a las 14 a la suspendida vicegobernadora, Gloria Ruiz, para que ejerza su derecho de defensa en relación al informe elaborado por la comisión investigadora, que aborda supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como presidenta de la Cámara. Según fuentes cercanas al proceso, Ruiz se presentará acompañada por dos de sus abogados para hacer su exposición y responder a las acusaciones que han surgido en su contra.
A la comisión podrán asistir en su totalidad los 35 diputados y diputadas de la provincia. Sin embargo, se estableció que no se permitirán preguntas ni interacción directa entre los legisladores y la suspendida vicegobernadora, ni con los abogados que la acompañarán. Estos últimos solo podrán desempeñar su rol de asesores legales de Ruiz durante la sesión. Esta medida busca garantizar que la audiencia se lleve a cabo en un formato estructurado y conforme a las normativas del procedimiento.
¿Cómo es el proceso legislativo?
Una vez que concluya la defensa de Gloria Ruiz, los 14 diputados y diputadas que conforman la Comisión A procederán a votar por mayoría simple un despacho que será elevado al recinto para su tratamiento en una sesión especial, que se especula podría llevarse a cabo la próxima semana.
En el recinto, para que se sancione la declaración de "inhabilidad moral" de Ruiz y, por ende, su destitución, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los diputados presentes en la sesión. Esta medida será clave para definir su futuro político en la provincia.
Pruebas de la comisión investigadora
Los diputados han enumerado una serie de hechos irregulares ocurridos durante la gestión de Gloria Ruiz como vicegobernadora, los cuales incluyen uso indebido de fondos públicos, contrataciones directas irregulares, sobreprecios, falsedad en declaraciones patrimoniales y declaraciones públicas erróneas, así como designaciones irregulares, nepotismo y obstrucción al control externo.
El informe detalla la designación de al menos 13 familiares y allegados sin la idoneidad necesaria para los cargos, los cuales le representaban a la Legislatura un costo mensual de 54,7 millones de pesos. También se cuestiona la contratación de funcionarios a través de terceras personas, es decir, aquellos que cobraban salarios sin cumplir funciones directas, como es el caso del director de Prensa, Pablo Schapira, y su esposa María Angélica Cowper.
Asimismo, el informe señala contrataciones directas por encima de los límites permitidos, el pago de sobreprecios en ciertos servicios y productos, y lo más grave: el “falseamiento” de la declaración de fondos utilizada para la compra de una camioneta Toyota SW4 0km, entre otros hechos cuestionados. Por esta compra, Ruiz tiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Más problemas sobre la hora
Hoy viernes allanaron la municipalidad de Plottier por una empresa que contrató Gloria Ruiz, pero no hacía las obras.
Se dio a conocer que la empresa FMO Logística y Servicios en Formación S.R.L. está siendo investigada por ARCA (ex AFIP) debido a la emisión de facturas falsas a la Municipalidad de Plottier, sin haber realizado las correspondientes contraprestaciones. Ante esta situación, se solicitó que se investigue tanto a la firma como a las contrataciones realizadas por la Municipalidad de Plottier durante el período en que Gloria Ruiz fue intendenta, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En la gestión municipal de Ruiz, el área de Hacienda estuvo a cargo de Néstor Gelos, quien luego fue contratado como asesor en la Legislatura. Sin embargo, el 4 de diciembre, Zulma Reina, quien asumió la presidencia de la Cámara tras la suspensión de Ruiz, decidió desvincularlo de su cargo.
El operativo de investigación fue coordinado por la fiscalía de Delitos Económicos, liderada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, y fue autorizado por el juez de garantías Gustavo Ravizzoli. Según informó el MPF, los procedimientos tuvieron como objetivo recolectar documentación vinculada a la constitución y actividad de la empresa, libros societarios y contables, contratos, comprobantes de compras y facturas emitidas, así como teléfonos y computadoras de los implicados.
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