En respuesta a una creciente preocupación por la seguridad de los trabajadores de la salud y la educación, legisladores provinciales de Neuquén presentaron un proyecto de ley que busca frenar los episodios de violencia en escuelas y centros sanitarios. La iniciativa, impulsada por los diputados Darío Martínez y Darío Peralta (Unión por la Patria), propone medidas integrales de prevención, protección, asistencia y sanción ante hechos de agresión física o verbal contra personal docente y sanitario.
La propuesta surge en un contexto alarmante: en los últimos meses, se multiplicaron los casos de ataques a maestros, médicos, enfermeros y administrativos, tanto en instituciones públicas como privadas. Agresiones de familiares, pacientes o incluso alumnos, llevaron a encender las alertas sobre la falta de protocolos efectivos para evitar estas situaciones.
Violencia cotidiana y ausencia de respuesta
Los impulsores del proyecto señalan que la violencia hacia trabajadores esenciales ya no es un hecho aislado. Se ha vuelto, en muchos casos, parte del escenario cotidiano en escuelas y hospitales. Lejos de tratarse de una cuestión disciplinaria, lo que está en juego es la integridad física, emocional y psicológica de quienes desarrollan tareas fundamentales en la sociedad.
El proyecto no sólo contempla medidas preventivas, como campañas de concientización y dispositivos de asistencia, sino también un marco legal que habilite sanciones más claras y efectivas para quienes incurran en actos de violencia. En particular, propone modificar el Código de Faltas provincial para incluir arrestos de entre 5 y 30 días, o multas económicas, contra quienes agredan u hostiguen al personal. Esta sanción también se aplicará si la agresión ocurre a través de redes sociales o medios de comunicación. En el caso de hechos cometidos frente a estudiantes, la pena podría duplicarse.
Además, se prevén castigos para personas que ingresen sin autorización a instituciones educativas o sanitarias, o interrumpan el normal funcionamiento de los espacios de trabajo.
Neuquén busca sumarse a otras provincias
Este tipo de legislación no es nueva en el país. Provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán ya implementaron normativas similares, que incluyen no solo penas, sino también campañas de sensibilización social para evitar naturalizar la violencia institucional.
El texto neuquino busca replicar ese modelo, y propone que el dinero recaudado por multas sea destinado directamente a las instituciones afectadas, como forma de reparación simbólica y material. También establece principios rectores como la equidad y la inclusión, garantizando la cobertura para todo el personal, sin importar género, cargo o ubicación geográfica.
Aunque la iniciativa aún debe ser debatida en la Legislatura, los legisladores del PJ sostienen que se trata de una medida urgente. “Estamos hablando de trabajadores que sostienen servicios esenciales. No pueden estar desprotegidos”, advirtió Darío Martínez. Por su parte, Peralta remarcó que la ley “no sólo reconoce el problema, sino que representa una obligación del Estado de cuidar a quienes cuidan”.
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