La decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató una fuerte reacción de la oposición, que acusó al oficialismo de intentar “esconder la mugre debajo de la alfombra” tras el escándalo por presuntas coimas dentro del organismo.
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que las funciones de la ANDIS serán absorbidas por el Ministerio de Salud. La medida se conoció meses después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción y sobornos que tuvo como protagonista al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo.
El escándalo del “3%”
Los audios atribuidos a Spagnuolo fueron el detonante de una investigación que también salpicó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada como supuesta impulsora de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con laboratorios proveedores de medicamentos.
A partir de ese contexto, el cierre de la ANDIS fue leído por amplios sectores de la oposición como una maniobra política para borrar rastros.
“No es una reestructuración, es impunidad”
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, sostuvo que el Gobierno busca “borrar las huellas de las coimas” y calificó la decisión como parte de un “plan de impunidad”.
“No quieren transparentar nada. Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, escribió en la red social X.
En la misma línea, el ex ministro de Desarrollo Social y ex titular de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, calificó la medida como un “retroceso grave”. “La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”, advirtió.
Cruces, reproches y denuncias
El diputado Itai Hagman fue todavía más duro y afirmó que, tras los audios y las denuncias por coimas, el Gobierno busca “esconder la mugre debajo de la alfombra” cerrando el organismo. “Nunca se va a borrar la inmoralidad de robarle a las personas con discapacidad”, escribió.
Desde Provincias Unidas, Esteban Paulón habló de un intento de encubrimiento del escándalo del 3%, mientras que la socialista Mónica Fein alertó que el cierre de la ANDIS “afecta a millones de personas con discapacidad” y denunció un ajuste contra un sector vulnerable.
El radical Pablo Juliano reclamó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en cinco oportunidades por el Congreso, y exigió explicaciones sobre las presuntas coimas.
“No cierran organismos, cierran explicaciones”
El diputado Juan Marino afirmó que no se trata de una reorganización administrativa sino de un desmantelamiento, y sostuvo que el Gobierno “prefiere cerrar el organismo antes que desarmar la red de corrupción”.
En tanto, la diputada Sabrina Selva habló de una política de ajuste sistemático y calificó la decisión como un acto de “crueldad y cinismo sin precedentes”.
Desde el Senado, Fernanda Raverta sintetizó una de las críticas más repetidas:
“No cierran organismos. Buscan cerrar explicaciones”, escribió, al recordar los audios, las coimas y los dólares mencionados en la causa.
Mientras el Gobierno sostiene que la disolución apunta a transparentar y reorganizar el Estado, la oposición advierte que el cierre de la ANDIS debilita las políticas públicas en discapacidad y deja más preguntas abiertas que respuestas sobre uno de los escándalos más sensibles del año.
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