Este jueves se espera que se apruebe una modificación clave en la ordenanza de Ficha Limpia que regula el acceso a cargos públicos en Neuquén. La iniciativa, que ya tiene dos años de vigencia, busca actualizar las normativas locales para alinearlas con las más recientes disposiciones de la ley provincial. En lugar de derogar la ordenanza, como se había propuesto inicialmente, los concejales optaron por realizar cambios puntuales que adapten la legislación local a las nuevas normativas de la provincia.
En un extenso debate en comisión, los representantes políticos discutieron cómo integrar los parámetros de la ley 34988, que recientemente fue sancionada en la Legislatura de Neuquén, sin perder la esencia de la ordenanza 14.465/22, que fue aprobada por consenso en 2022.
Más restricciones y nuevas sanciones
Uno de los cambios más importantes es la ampliación de los delitos que impiden a una persona postularse para cargos públicos. A partir de ahora, además de las condenas penales confirmadas en segunda instancia, también quedarán excluidos de las postulaciones aquellos que hayan sido condenados por delitos económicos, financieros y relacionados con la ley de estupefacientes.
La presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, explicó que estas modificaciones amplían el alcance de la normativa original, que ya incluía restricciones para aquellos incluidos en el registro de violencia y para quienes tengan deudas alimentarias. La actualización de la "ficha limpia" también refuerza los requisitos para acceder a cargos en el Ejecutivo, el Deliberante y los organismos descentralizados, como Tribunales de Faltas y la Defensoría del Pueblo.
El debate continúa: ¿y el examen toxicológico?
Uno de los puntos más controvertidos que aún sigue siendo materia de debate es la posibilidad de incluir en la normativa una restricción para aquellos que den positivo en los exámenes toxicológicos. Este tema generó discrepancias dentro del Concejo, ya que algunos sectores propusieron incorporar el análisis de sustancias como parte de los requisitos, mientras que otros plantearon que la adicción debería considerarse como una cuestión de salud pública, no como una inhabilitación automática para ocupar cargos.
Aunque no se llegó a un consenso definitivo sobre este tema, se acordó que el debate continuará, y se buscarán soluciones más específicas en futuras reuniones. Mientras tanto, las modificaciones acordadas hasta ahora serán sometidas a votación el jueves 10 de abril, en una sesión urgente que podría dar lugar a la implementación de estas nuevas restricciones en la ciudad.
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