El desalojo de un grupo de comunidades mapuches que mantenía un acampe frente a Casa de Gobierno en Neuquén encendió una polémica que se trasladó a la Legislatura provincial. El operativo, llevado a cabo el domingo pasado por orden judicial, puso fin a cinco días de protesta que buscaban el reconocimiento legal de cuatro personas jurídicas indígenas. El resultado fue la detención temporal de 17 personas y un fuerte cruce político que refleja la tensión entre el oficialismo y la oposición.
En la sesión que se realizó este miércoles, tras el receso de invierno, los diputados del bloque oficialista Neuquinizate defendieron la actuación policial y el accionar del gobierno. “La democracia es tolerancia, pero tiene un límite”, expresó Ernesto Novoa, jefe de la bancada Comunidad, y consideró que lo ocurrido fue una “extorsión” que no podía ser tolerada. Por su parte, la izquierda y el kirchnerismo, junto con dos diputadas del MPN, intentaron sin éxito tratar sobre tablas proyectos para repudiar el desalojo y exigir la entrega de las personerías jurídicas solicitadas.
Un reclamo con raíces y un operativo cuestionado
El acampe comenzó cinco días antes frente a la Casa de Gobierno, donde dirigentes mapuches se encadenaron en protesta por la demora en la entrega de las personerías jurídicas correspondientes a las comunidades Fvta Xayen, Newen Kura, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas. Además de personas, el reclamo involucró la presencia de animales, símbolo de la identidad y tradición mapuche.
El desalojo fue ordenado por los fiscales Pablo Vignaroli y Diego Azcárate, tras una denuncia de la fiscalía de Estado por usurpación de espacio público y coacción. El operativo terminó con 17 detenidos, quienes fueron liberados horas después, pero también con denuncias de violencia durante la intervención.
Diputadas opositoras como Julieta Ocampo (FIT) denunciaron golpes contra mujeres, niños y mayores, calificando el accionar como un “ensañamiento racista”. Lorena Parrilli (Unión por la Patria) responsabilizó directamente al gobernador Rolando Figueroa, apuntando a una violencia planificada y dirigida.
El oficialismo apela al diálogo, pero con límites
Ernesto Novoa defendió la actuación policial señalando que el gobierno intentó negociar previamente y que no podía aceptarse la toma de oficinas y la presión sobre funcionarios. “Cuando llegaron a la reunión, encontraron la oficina tomada”, sostuvo, cuestionando la forma de manifestación.
Otros legisladores oficialistas señalaron que las comunidades involucradas ya habían protagonizado bloqueos en locaciones petroleras, lo que generó preocupación por el impacto en la actividad económica y social. Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) fue más duro al sugerir que el conflicto responde a un intento de “extorsionar a las petroleras” usando las personerías jurídicas como herramienta.
Francisco Lépore (Avanzar) pidió “paciencia” para resolver los trámites administrativos pendientes y destacó que la gestión actual apuesta al diálogo, aunque con firmeza para evitar “decisiones basadas en la coacción”.
Movilización y persistencia: la voz mapuche y sus aliados
Frente a estas posturas, la izquierda y referentes de la Confederación Mapuche reforzaron la denuncia de un “salto represivo” y una política provincial que prioriza intereses extractivistas y empresariales por sobre los derechos indígenas.
Yuliana Nawel Paredes, integrante de la Confederación, destacó que el ataque tuvo un impacto simbólico fuerte, afectando especialmente a las infancias mapuches y su identidad. Mario Raiyan, también referente, criticó la falta de cumplimiento de leyes y fallos judiciales que establecen el reconocimiento legal de las comunidades.
La convocatoria a movilizaciones para exigir justicia y el reconocimiento de las personerías jurídicas refleja la firmeza de la lucha, con el objetivo de visibilizar un conflicto que no solo es territorial, sino también político y cultural.
El desalojo y la sesión legislativa posterior dejan en evidencia un conflicto que atraviesa Neuquén con complejidad y polarización. Entre la defensa de la ley y el orden por parte del oficialismo, y las denuncias de violencia y racismo desde la oposición y las comunidades, la provincia enfrenta un desafío para encontrar un camino que respete los derechos indígenas sin descuidar la gobernabilidad y el diálogo social.
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