El decreto 383/2024, firmado por el presidente Javier Milei, reformó el Estatuto de la Policía Federal Argentina y provocó el rechazo de legisladores de la izquierda neuquina. Uno de ellos, el diputado provincial Andrés Blanco (PTS-Frente de Izquierda), presentó un proyecto para exigir que se derogue la medida, al considerar que habilita prácticas de espionaje y detenciones sin orden judicial.
Según explicó el legislador, la reforma otorga a la Policía Federal nuevas funciones como el ciberpatrullaje en redes sociales, el desarrollo de inteligencia criminal y la posibilidad de intervenir en otras jurisdicciones sin necesidad de coordinación previa con las autoridades locales. Blanco asegura que esto vulnera garantías básicas y puede usarse como herramienta para controlar o perseguir a la población sin justificación legal.
Críticas a un decreto que amplía el poder policial
El nuevo estatuto, publicado a fines de mayo en el Boletín Oficial, establece que la Policía Federal podrá actuar en la prevención, detección e investigación de delitos federales complejos y en la protección de la seguridad del Estado Nacional. Lo llamativo, según la oposición, es que también le otorga atribuciones para realizar tareas de inteligencia bajo la Ley 25.520, algo que hasta ahora estaba reservado a organismos específicos y bajo un marco mucho más controlado.
Entre los puntos más cuestionados, se menciona la habilitación de tareas de vigilancia digital —ciberpatrullaje— en redes sociales, sin parámetros claros ni supervisión judicial. Además, se alerta que la fuerza podrá intervenir en otras jurisdicciones provinciales o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún sin coordinación ni pedido expreso de las autoridades locales. Para Blanco, esto representa “un avasallamiento a la autonomía de las provincias”.
“Camino hacia un Estado policial”
El diputado sostuvo que el Gobierno nacional presenta la medida como una “modernización” del funcionamiento policial, pero que en la práctica significa otorgar “vía libre para espiar y detener personas simplemente por lo que sospechen que podrían llegar a hacer”.
Aunque el proyecto presentado por Blanco no tiene un tratamiento inmediato asegurado en la Legislatura neuquina, forma parte de una serie de manifestaciones que buscan instalar el tema en la agenda pública. En medio de un contexto nacional marcado por cambios acelerados y tensiones entre poderes, la disputa por el alcance del accionar policial promete seguir generando debate.
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