
La percepción de la sociedad argentina sobre el rol del Estado atraviesa un punto de inflexión. Así lo refleja una encuesta nacional realizada entre el 6 y el 8 de diciembre, que muestra con claridad un desplazamiento en las prioridades ciudadanas: menos tolerancia a la burocracia, mayor demanda de reformas estructurales y un fuerte cuestionamiento a las instituciones tradicionales que durante décadas funcionaron como pilares del sistema político y laboral.
El estudio, realizado sobre una muestra de 1.710 casos a nivel nacional y con un margen de error del 2,2%, indagó en la opinión pública respecto del Estado, la reforma laboral, la seguridad, los sindicatos y las perspectivas a futuro. Los resultados configuran un escenario que, más allá de lecturas ideológicas, expone un reclamo extendido por cambios concretos y urgentes en la forma en que funciona el país.
Uno de los datos más contundentes surge al consultar sobre la reforma laboral. El 61,4% de los encuestados considera que es “muy urgente” porque la legislación actual frena el desarrollo, mientras que otro 10,53% la califica como “urgente”. En contraste, solo el 21,05% cree que no es necesaria y que podría implicar una pérdida de derechos. La discusión, lejos de presentarse como un debate abstracto, aparece asociada a la idea de destrabar el crecimiento y facilitar la actividad económica.
Reforma laboral, Estado y seguridad: las prioridades que emergen
Al profundizar sobre qué debería discutir el Congreso Nacional en una eventual reforma laboral, casi la mitad de los consultados (45,58%) responde que se debe debatir “todo”. En segundo lugar aparecen los juicios laborales (19,73%) y las nuevas relaciones laborales (17,01%), un dato que refleja la tensión entre el marco normativo vigente y las modalidades de trabajo que se consolidaron en los últimos años.
La mirada crítica se extiende al funcionamiento del Estado. Para el 65,97% de los encuestados, el Estado argentino sin reformas es un obstáculo marcado por la burocracia. Apenas un 17,36% lo define como un equilibrio vinculado a la justicia social, mientras que el resto lo percibe como un dolor de cabeza o un protector. La lectura dominante es clara: la estructura estatal actual aparece asociada a trabas antes que a soluciones.
En materia de seguridad, el relevamiento muestra una demanda fuerte de medidas punitivas. El 35,21% considera prioritario aplicar penas más severas, el 34,51% impulsa políticas de reincidencia con sumatoria de penas y el 21,83% se inclina por bajar la edad de imputabilidad. Las respuestas evidencian una preocupación extendida por la inseguridad y una expectativa de respuestas más firmes por parte del Estado.
Sindicatos, producción y mirada a 2027
Otro de los capítulos centrales del estudio está vinculado al rol de los sindicatos. El 59,18% de los consultados considera que no son importantes en la vida laboral, y un 80,69% afirma directamente que no representan a los trabajadores, sino que funcionan como un negocio. Solo el 19,31% sostiene que los sindicatos los defienden. La distancia entre las estructuras gremiales y una parte mayoritaria de la sociedad aparece como uno de los datos más sensibles del relevamiento.
En contraste, la producción surge como un punto de consenso. El 76,03% sostiene que los parques industriales pueden ser importantes si existe una política adecuada, y otro 21,23% los considera necesarios aunque actualmente obsoletos. En conjunto, más del 97% valida la necesidad de estos espacios productivos, aunque reclama modernización y reglas claras.
Finalmente, el sondeo incluye una proyección hacia 2027. Ante la pregunta sobre quién debería gobernar después de ese año, el 52,08% se inclina por la reelección de Javier Milei, mientras que un 27,08% expresa que “falta una alternativa, pero volver atrás ni loco”. Axel Kicillof concentra el 18,75% y el resto de las opciones queda muy por debajo.
Los datos no configuran solo una fotografía coyuntural. En su conjunto, describen una sociedad que redefine expectativas, cuestiona estructuras tradicionales y prioriza la eliminación de obstáculos para producir y vivir con mayor previsibilidad. Más que adhesiones partidarias, la encuesta refleja una demanda transversal: cambios que se traduzcan en funcionamiento real.






















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