El Senado argentino aprobó cambios a la Ley de Glaciares, con 41 votos a favor y 31 en contra, dejando la definición del proyecto en manos de la Cámara de Diputados. La votación fue dividida y contó con el apoyo de algunos legisladores del interbloque kirchnerista, quienes se unieron a los libertarios y a los dialoguistas, mientras que otros sectores expresaron sus críticas. La senadora Julieta Corroza se abstuvo de votar, reflejando la fragmentación en las bancadas.
Uno de los artículos más controversiales permite que cada provincia determine la autoridad de aplicación para identificar los glaciares y el ambiente periglacial en su territorio, lo que ha generado preocupación entre defensores del medio ambiente. Estos críticos argumentan que esta medida podría debilitar la regulación actual y favorecer intereses empresariales sobre la protección ambiental. En contraste, quienes apoyan la norma sostienen que los recursos son de las provincias y que estas deben tener control sobre su gestión.
Durante el debate, la senadora Edith Terenzi, como presidenta de la comisión de Ambiente, criticó la rapidez del trámite del proyecto, mientras que el senador Agustín Coto defendió el texto, afirmando que no se busca eliminar áreas consideradas glaciares, sino más bien incorporar nuevos datos al inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Por su parte, los opositores advirtieron que la nueva normativa podría entrar en conflicto con compromisos internacionales, como el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
El legislador peronista Pablo Bensusán se opuso al proyecto, cuestionando la fragmentación que podría surgir de permitir diferentes criterios de conservación en cada provincia. También expresó su preocupación por la seguridad jurídica y la posible judicialización de conflictos derivados de la nueva ley. En respuesta, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero defendió el enfoque federal, argumentando que la Constitución establece que las provincias deben tener control sobre sus recursos.
El cierre del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien enfatizó la necesidad de avanzar en una política que integre el desarrollo económico y la protección ambiental. Resaltó que la Argentina no debe seguir atada a una lógica que prioriza la pobreza, abogando por un enfoque que no vea al agua y el trabajo como opuestos. El futuro de la Ley de Glaciares ahora queda en manos de Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso.
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