Nuevo capítulo de alta tensión política: el Gobierno nacional autorizó a los militares a detener civiles en casos de delitos flagrantes, especialmente en puestos fronterizos. La medida fue anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, que, sin que nadie lo atacara de antemano, salió a defenderse y a disparar contra quienes pudieran cuestionarlo.
Según Petri, esta disposición replica prácticas de “todos los países limítrofes” y busca reforzar el control de fronteras. Pero lejos de bajar el tono, el ministro se puso en modo desafío: “Sí, es controversial para los que defienden narcos, terroristas y delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", escribió en X.
La respuesta no tardó en llegar. Agustín Rossi, exministro de Defensa, le recordó que la medida es directamente “ILEGAL” y que pone en riesgo a los propios militares, al obligarlos a actuar fuera del marco que establecen las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. “No obligue al personal militar a actuar fuera de la ley”, le pidió Rossi, y lo acusó de ser una “marioneta de Bullrich”.
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