En medio de un creciente malestar social por los niveles de inseguridad, el bloque de diputados del PRO presentó una iniciativa que busca modificar el Código Procesal Penal para habilitar la detención preventiva de personas que reincidan en delitos dolosos. El proyecto introduce la figura de la "reiterancia delictiva", una categoría que apunta a quienes cometen hechos similares en lapsos relativamente cortos.
La propuesta, que será tratada en comisión en los próximos días, promete reavivar el debate entre oficialismo y oposición respecto al equilibrio entre seguridad pública y respeto de las garantías constitucionales. Según sostienen desde el PRO, se trata de una herramienta para cerrar la llamada "puerta giratoria" judicial, término con el que se alude a la rápida liberación de detenidos, incluso con antecedentes.
Reiterancia delictiva: una nueva causal para prisión preventiva
A diferencia de las condiciones actuales, en las que la prisión preventiva solo puede dictarse si hay riesgo de fuga o peligro para la víctima o la investigación, esta reforma permitiría privar de libertad a imputados que tengan antecedentes por delitos similares, incluso si esas otras causas no concluyeron en condena firme.
El proyecto establece que el juez podría considerar la “reiterancia” como un elemento suficiente para ordenar la detención, evaluando si la conducta del imputado implica una amenaza concreta y persistente para la comunidad. Desde el bloque opositor aseguran que esto otorgará más herramientas a fiscales y jueces para actuar ante individuos que, sin estar condenados, repiten conductas delictivas.
Sin embargo, especialistas en derecho penal y organismos de derechos humanos ya anticipan reparos al respecto. Advierten que esta figura podría chocar con principios básicos como la presunción de inocencia o el debido proceso, y abrir la puerta a detenciones preventivas con fundamentos vagos o basados en antecedentes sin sentencia.
Un debate de fondo: entre la seguridad y los derechos
La discusión se da en un contexto social marcado por el aumento de delitos urbanos y una creciente presión mediática sobre el sistema judicial, al que muchos sectores critican por su presunta ineficacia frente al crimen.
Mientras tanto, sectores oficialistas sostienen que la solución no pasa por endurecer penas o ampliar causales de detención, sino por mejorar la prevención, invertir en políticas sociales y asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas.
El proyecto del PRO, en definitiva, reabre una discusión de largo aliento en la política argentina: cómo compatibilizar la demanda de seguridad ciudadana con el respeto irrestricto a los derechos y garantías del proceso penal.
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