Constanza Parra, oficial de la Policía de Neuquén, se encadenó este martes a las rejas de la Casa de Gobierno provincial en una dramática manifestación que busca visibilizar el abandono institucional que dice haber sufrido durante años. Con lágrimas y la voz quebrada, relató que es víctima de violencia de género y hostigamiento dentro de la fuerza, sin que hasta el momento se haya avanzado en su reclamo.
“Estoy hace 15 años en la institución y no tengo ninguna sanción. Todo lo que hice fue pedir justicia”, afirmó ante los medios presentes. Parra también aseguró que, tras presentar denuncias formales, no sólo no recibió respuestas, sino que fue trasladada de su lugar de trabajo como forma de represalia.
La escena de una mujer uniformada, esposada simbólicamente a las puertas del poder político, generó impacto en la sociedad neuquina. Su gesto evidencia hasta qué punto algunas víctimas sienten que deben llegar para lograr ser escuchadas.
Reacción oficial: ¿interés real o control de daños?
Horas después del inicio de la protesta, funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial se acercaron al lugar y mantuvieron una reunión con Parra. Según trascendió, el encuentro tuvo como objetivo “escuchar sus reclamos”, pero no se conocieron medidas concretas tras el diálogo.
Desde el gobierno aún no se emitió un comunicado oficial detallado sobre el caso. Esta actitud refuerza la percepción de que las instituciones responden de forma tardía o insuficiente frente a denuncias sensibles, especialmente cuando involucran a sus propias estructuras.
Organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de mujeres dentro de las fuerzas policiales expresaron su solidaridad con Parra. “Esto no es un hecho aislado. Muchas policías padecen situaciones similares, pero no denuncian por miedo a represalias o abandono institucional”, señalaron desde la Asociación de Mujeres Policías de Neuquén.
Un llamado de atención al sistema
El caso de Constanza Parra no sólo expone una historia individual, sino que pone en debate el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad y la eficacia de los mecanismos de protección ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral estatal. La falta de respuesta institucional, el silencio oficial y la necesidad de llegar a medidas extremas como encadenarse en público son señales de alarma que trascienden esta situación puntual.
Mientras tanto, la agente continúa con su protesta, decidida a permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta concreta. Su acto no sólo busca justicia para su caso, sino también abrir un espacio de diálogo sobre las condiciones laborales, el machismo estructural y la violencia silenciada que aún persisten dentro de muchas instituciones públicas.
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