Con más de cien juicios civiles en curso y al menos cincuenta denuncias penales activas, la Legislatura de Neuquén dio un paso clave este jueves: la Comisión de Desarrollo Humano y Social aprobó por unanimidad el pedido para que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas intervenga de forma urgente la Cooperativa 127 Hectáreas, envuelta en una compleja trama de supuestas estafas vinculadas a promesas incumplidas de viviendas.
La decisión fue impulsada por el diputado César Gass y respaldada por decenas de damnificados que asistieron a la sesión, muchos de ellos con años de aportes a cuestas y sin noticias de los lotes o viviendas que alguna vez se les prometieron. La iniciativa busca frenar el deterioro institucional de la entidad y abrir una instancia judicial que permita resguardar los derechos de quienes todavía esperan una solución.
La intervención no implica una disolución inmediata, sino una medida cautelar para preservar documentación, frenar maniobras que puedan perjudicar aún más a los asociados, y permitir una auditoría integral del funcionamiento interno. Según explicó Gass, la solicitud se apoya en normativas nacionales y provinciales que facultan a la Inspección de Personas Jurídicas a actuar “cuando los órganos de una cooperativa realicen actos o incurran en omisiones que impliquen un riesgo grave para su existencia”.
Ese “riesgo grave” ya se tradujo en hechos concretos: se secuestraron computadoras, celulares y documentación clave; se dictaron embargos sobre activos de la cooperativa —incluidos dúplex en construcción y tierras de nueve hectáreas— y se prohibió innovar sobre los bienes. Además, en una investigación liderada por la fiscalía de Delitos Económicos, fueron demorados el presidente de la entidad, Jorge Salas, y otros ocho integrantes del consejo directivo.
La causa avanza con fuerza en la Justicia neuquina. Según informó el fiscal Juan Manuel Narváez, se investigan al menos 32 casos de estafa. En paralelo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli tiene un plazo inicial de cuatro meses para definir si imputa formalmente a los involucrados o archiva el expediente.
El lado humano del conflicto
Más allá de las cifras judiciales, detrás de la Cooperativa 127 Hectáreas hay historias personales truncadas. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) confirmó que al menos 50 afiliados suyos aportaron entre 4.000 y 5.000 dólares por lote o vivienda y hoy no tienen nada. El gremio ya formalizó su adhesión a la causa judicial y exigirá la devolución de fondos.
Entre los proyectos investigados figuran los planes “Meseta”, “Docentes”, “Sirena Unificada” y “Coneu”, todos con decenas de personas afectadas. La jueza María Eugenia Grimau, a cargo de parte de la causa, confirmó además que muchos de los terrenos ofrecidos estaban fuera del ejido urbano y no eran legalmente urbanizables.
En ese contexto, la figura de Jorge Salas —exdirector provincial de Hábitat y Urbanismo— vuelve a generar ruido político, dado que su rol en la cooperativa coincidió con su paso por la función pública. Para los damnificados, eso es parte del problema: falta de control, relaciones políticas y promesas que se sostuvieron más por confianza que por garantías.
¿Un punto de inflexión?
La intervención aún no se concretó, pero la decisión legislativa puede marcar un antes y un después para las familias afectadas. Si se designa un interventor, se abriría una instancia para reconstruir registros, reabrir canales de diálogo y —quizás— proyectar una salida que permita recuperar parte de lo perdido.
También deja planteado un interrogante mayor: ¿cuántas cooperativas más operan en la provincia sin controles adecuados, recibiendo aportes sin cumplir con sus fines? La 127 Hectáreas no es la primera en estar bajo la lupa, pero podría ser la que impulse un debate más amplio sobre el sistema cooperativo en Neuquén.
Por lo pronto, el paso dado en la Legislatura es un alivio para quienes aún esperan que su casa no termine siendo una estafa con sello legal.
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