En medio de una crisis salarial sin precedentes para el sector universitario, Micaela Gomiz, Secretaria General de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), en dialogo con el programa Va de Tarde describió un escenario “desesperante” que, según afirmó, nunca antes habían atravesado. Con una pérdida acumulada de entre 40% y 45% del poder adquisitivo, y un atraso que supera los 100 puntos frente a la inflación, los docentes llevan meses sin respuestas del Gobierno nacional y sin convocatoria a paritarias.
“Hoy un docente con dedicación exclusiva, con título retenido y 40 horas semanales, cobra 900 mil pesos. Estamos muy por detrás de cualquier otro gremio”, sostuvo Gomiz. La diferencia con el sector privado y con otras ramas estatales provinciales, donde un profesional puede percibir más de dos millones, alimenta un éxodo que ya suma más de 10.000 docentes en todo el país.
La dirigente señaló que desde hace siete meses no reciben ningún llamado del Ministerio de Educación —ahora Secretaría de Educación— ni de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Los pocos incrementos registrados en marzo, abril y mayo (1,3% mensual) fueron por decreto, de forma unilateral, y replicando lo otorgado a gremios estatales nacionales como ATE y UPCN.
“El diálogo está absolutamente cerrado. Ni siquiera el Consejo de Rectores ha conseguido una respuesta para los docentes y no docentes”, explicó Gomiz. En la Universidad del Comahue, como en el resto del país, las renuncias se multiplican en cada Consejo Superior, debilitando equipos de investigación y provocando una pérdida de recursos humanos calificados que, advierte, tendrá un impacto a largo plazo.
Endurecimiento del plan de lucha
La falta de avances en las negociaciones llevó a ADUNC y a la Conadu Histórica a intensificar las medidas de fuerza. Tras un primer cuatrimestre con protestas “acompasadas” para no perjudicar a los estudiantes, y luego de otra etapa sin respuestas, el gremio decidió realizar un paro nacional del 11 al 17 de agosto que deja sin clases a 57 universidades.
La medida continuará del 18 de agosto al 7 de septiembre con paros de 48 horas semanales en días rotativos, definidos por cada casa de estudios en Neuquén y Río Negro. Además, se prepara una marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.
En paralelo, se impulsa en el Congreso un proyecto —presentado junto a rectores y federaciones— que ya obtuvo media sanción en Diputados y busca garantizar financiamiento para las universidades. El objetivo es lograr las mayorías necesarias para insistir en caso de un eventual veto presidencial.
Gomiz insistió en que la solución está al alcance: “Plata hay. Se eliminaron impuestos a sectores de altos ingresos y se redujeron alícuotas a bienes personales. Lo que pedimos es que esos recursos se destinen a lo que es verdaderamente inversión: la educación, la ciencia y la tecnología”.
La estrategia del desfinanciamiento
El conflicto, que combina reclamos salariales y de financiamiento, se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro de la universidad pública en Argentina. Para Gomiz, el riesgo es claro: “El año pasado no pudieron privatizar, no pudieron desfinanciar, no pudieron imponer vouchers. Ahora intentan vaciar las universidades expulsando a sus docentes”.
Con un calendario de paros y movilizaciones por delante, el reclamo del sector universitario promete escalar, en un escenario donde la mesa de diálogo con Nación sigue vacía y el deterioro salarial avanza más rápido que cualquier expectativa de solución.
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