Esta semana, más de 170 familias del barrio Martín Fierro en Cipolletti recibieron certificaciones de domicilio que les permitirán iniciar el proceso de regularización eléctrica de sus viviendas. Se trata de una medida clave para avanzar hacia una conexión segura y legal al suministro eléctrico, en una zona donde históricamente la energía fue accedida de manera informal y con altos riesgos para la seguridad de los hogares.
La entrega se enmarca en el programa provincial de “Normalización de Barrios Populares”, impulsado por la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti y la distribuidora eléctrica EdERSA. El plan también incluye a otros barrios de la ciudad como La Rivera, Los Sauces y 10 de Enero.
La certificación de domicilio es un paso administrativo fundamental para que las familias puedan ser reconocidas como usuarias formales del servicio eléctrico. Además, permite avanzar con instalaciones seguras, fiscalizadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que monitorea el cumplimiento de los estándares técnicos.
Una deuda social pendiente
El acceso a servicios públicos básicos, como la electricidad, es una de las principales demandas de los barrios populares en la provincia de Río Negro. La informalidad en las conexiones no solo representa un riesgo permanente para la integridad de las viviendas y la salud de sus habitantes, sino que también profundiza la desigualdad en el acceso a derechos esenciales.
En este contexto, el programa busca dar respuesta a una deuda social de larga data. Sin embargo, el avance en Martín Fierro representa apenas una parte de un desafío mucho más amplio: según datos relevados por distintos organismos sociales, aún son cientos las familias que en Cipolletti y otras ciudades de la región viven con conexiones eléctricas precarias.
Aunque desde los organismos estatales se destaca el “trabajo conjunto” entre Provincia y Municipio, las soluciones llegan tras años de reclamos vecinales y denuncias por situaciones de riesgo. La participación de las Juntas Vecinales y relevamientos en territorio resultaron fundamentales para empujar la implementación de políticas públicas concretas.
Con esta entrega de certificaciones, se abre la puerta a una mejora sustancial en las condiciones de vida de las familias, aunque todavía falta recorrer el tramo técnico y administrativo que culminará con la conexión formal al servicio eléctrico.
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