El proyecto de Ley de Ficha Limpia, que impedía a personas con condenas penales firmes postularse a cargos electivos, fue rechazado este miercoles en el Senado por un margen mínimo: 36 votos a favor contra 35 en contra. La iniciativa necesitaba mayoría absoluta (al menos 37 votos) para convertirse en ley y al no alcanzarla, perdió estado parlamentario. Ahora solo podrá volver a tratarse desde cero en el próximo período ordinario.
Aunque la votación estuvo marcada por el alineamiento general de los bloques, en algunas provincias los legisladores mostraron posiciones divididas. Neuquén fue una de ellas.
Neuquén: dos posturas, un reflejo de las grietas políticas
En el caso neuquino, los tres senadores nacionales se dividieron: dos votaron en contra y una a favor. Oscar Parrilli y Silvia Sapag, ambos del Frente de Todos, se alinearon con el rechazo al proyecto. En tanto, Lucila Crexell, integrante del interbloque Provincias Unidas y cercana a Juntos por el Cambio en varias votaciones clave, acompañó la iniciativa.
La postura de Parrilli y Sapag no sorprende. Ambos han mantenido una defensa constante del liderazgo kirchnerista, y el rechazo a la Ficha Limpia se enmarca en la narrativa del Frente de Todos, que denuncia el carácter “proscriptivo” de la propuesta. De hecho, la aprobación de la ley hubiera afectado directamente a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, con una condena en segunda instancia.
Crexell, por su parte, tomó una posición distinta y se ubicó entre los 36 votos afirmativos que casi logran la sanción. Su respaldo puede interpretarse como un gesto hacia sectores del electorado neuquino más alineados con el discurso anticorrupción, así como una forma de mantener independencia respecto de los extremos de la grieta nacional.
¿Y ahora qué? Un proyecto en pausa, una grieta que sigue
La caída de la ley generó múltiples interpretaciones: desde críticas a la falta de articulación del oficialismo libertario —que apoyaba la iniciativa, pero no logró asegurar los votos— hasta sospechas sobre pactos subterráneos entre bloques opositores para enterrar el tema.
En este escenario, el rol de cada legislador cobra relevancia no solo en términos parlamentarios, sino también en clave política de cara a la opinión pública. Mientras que quienes votaron a favor intentan capitalizar el gesto como un compromiso con la transparencia, quienes lo rechazaron sostienen que la ley vulneraba garantías constitucionales básicas, como la presunción de inocencia.
La discusión de fondo —qué tipo de representantes quiere la ciudadanía y cómo se garantiza su idoneidad— sigue abierta. Lo que quedó claro es que, al menos por ahora, el Congreso argentino no está listo para legislar sobre ese punto. Y Neuquén, con sus senadores enfrentados, es un claro ejemplo de esas contradicciones.
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