La ciudad de Neuquén capital formalizó su incorporación al régimen conocido como “Ficha Limpia”, que restringe el acceso a cargos electivos y jerárquicos en el ámbito municipal a personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos. La decisión fue tomada por el Concejo Deliberante, que aprobó la adhesión a la reciente ley provincial sancionada por la Legislatura neuquina.
La medida amplía el alcance de una ordenanza ya vigente desde 2023, que solo alcanzaba a quienes pretendían competir por cargos electivos como el de intendente o concejal. Con la nueva legislación, la prohibición se extiende también a quienes aspiren a ocupar funciones dentro del Ejecutivo municipal, incluyendo secretarías y subsecretarías.
Nuevos requisitos para acceder al Estado
La legislación, tanto en su versión provincial como en la adhesión municipal, establece que no podrán postularse ni ser designadas en cargos públicos aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos con intención —es decir, dolosos—, incluso cuando hayan accedido a salidas alternativas como la probation o cuenten con penas condicionales.
Esta definición abarca una amplia gama de delitos, desde corrupción y fraude hasta hechos de violencia o abuso de autoridad, siempre que exista una condena penal firme. Según señalaron desde el Concejo, la intención es cerrar cualquier tipo de “vacío legal” que permitía, hasta ahora, que personas con antecedentes penales asumieran funciones de responsabilidad política.
“El objetivo es blindar al Estado de personas con antecedentes penales”, señaló el concejal Joaquín Eguía, quien impulsó la iniciativa desde el bloque Fuerza Libertaria. Según el edil, la adhesión se propuso “a los diez minutos” de sancionarse la ley a nivel provincial, y fue tratada sobre tablas para ser aprobada en la misma semana.
Un debate pendiente
La Ficha Limpia se inscribe en un conjunto de propuestas que en los últimos años han ganado fuerza en distintas provincias argentinas, impulsadas por organizaciones civiles que promueven mayores estándares éticos en la gestión pública. Sin embargo, no está exenta de cuestionamientos. Algunos sectores jurídicos han advertido que podría haber riesgos en su aplicación, especialmente si no se respetan los principios de presunción de inocencia y no retroactividad.
Además, la ley genera interrogantes sobre los mecanismos de control y verificación de antecedentes que deberán aplicarse, y qué organismo estará a cargo de fiscalizar su cumplimiento en cada instancia de designación.
A pesar de estos debates, en Neuquén la norma fue aprobada sin mayores resistencias, reflejando un consenso político que, al menos en lo formal, se muestra alineado con el reclamo ciudadano de mayor integridad institucional.
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