La tensión en torno a las paritarias estatales vuelve a instalarse en Neuquén. Con el acuerdo vigente atado al índice de precios al consumidor que vence en enero de 2026, los gremios estatales presionan al gobernador Rolando Figueroa para que convoque cuanto antes a la mesa de negociación. La discusión salarial se cruza con el calendario político: el Ejecutivo debe presentar el presupuesto provincial antes del 31 de octubre, en medio de una campaña electoral en la que Neuquinizate juega fichas clave.
El esquema actual de incrementos trimestrales, acordado en octubre de 2024, buscó dar previsibilidad a los trabajadores, pero la inflación terminó desbordando las proyecciones oficiales. En aquel momento se calculó un 20% anual, pero sólo entre enero y agosto de este año el índice acumulado en Neuquén ya trepó al 24,8%. Para los gremios, este escenario confirma que la actualización automática es la única herramienta que permitió sostener los salarios frente a la escalada de precios.
Reclamo sindical unificado
El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, fue claro: “Debe ser antes de finalizar el año, como fue el año pasado. Hoy el IPC es el único anclaje que nos permite defendernos de la inflación, con todas las críticas que se le puedan hacer”. Actualmente, una maestra sin antigüedad percibe $1.104.435,52.
Pero no solo el sector docente espera definiciones. En el Poder Judicial, donde los salarios iniciales rondan entre $1,4 y $1,6 millones, también miran hacia Casa de Gobierno. “Dependemos de la convocatoria al resto de los estatales. El aumento sale del mismo bolsillo del Ejecutivo”, sostuvo Claudio Salazar, dirigente de Sejun.
En la Legislatura, el gremio Anel se suma al pedido. Su secretario general, Pablo Godoy, remarcó que “el acuerdo te permite ir sosteniendo el salario, aunque la realidad económica te pasa por encima. Por eso queremos discutir lo antes posible”. Allí, además, reclaman cubrir 25 vacantes generadas por jubilaciones en una planta de 649 empleados.
Política y presupuesto, los factores clave
La negociación no se define solo en términos económicos. Las elecciones legislativas nacionales, previstas para octubre, atraviesan de lleno la agenda del gobernador. Dos de sus principales funcionarios, la ministra de Desarrollo Humano y el jefe de Gabinete, compiten en la contienda, lo que podría postergar la convocatoria paritaria.
En paralelo, Figueroa debe presentar antes del 31 de octubre el proyecto de presupuesto 2026, donde deberían quedar reflejados los costos de los futuros aumentos. Para los sindicatos, discutir los salarios en esa instancia resulta crucial para garantizar que las partidas contemplen los incrementos.
El diputado radical César Gass incluso planteó llevar la cuestión a la Legislatura: propuso que la paritaria docente quede fijada por ley en octubre de cada año, con el objetivo de asegurar un inicio de clases sin sobresaltos.
Expectativa en aumento
La última cuota de incremento prevista en el acuerdo vigente se liquidará en enero de 2026. Hasta entonces, los gremios buscan asegurarse la continuidad de la fórmula indexada. “Nosotros esperamos que nos convoquen lo antes posible para tener previsibilidad”, insistió Godoy desde Anel.
El panorama combina incertidumbre política con presión sindical. Para el gobernador, el desafío será encontrar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores, los límites presupuestarios y la dinámica electoral. En ese escenario, las paritarias de 2026 no solo definirán salarios, sino que también marcarán el pulso de la relación entre el Ejecutivo y los gremios en un año decisivo para la provincia.
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