El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió este jueves a la Legislatura un proyecto de ley denominado "Ficha Limpia", que pretende establecer un filtro para quienes deseen ocupar cargos públicos en la provincia. La iniciativa busca que personas con antecedentes penales o en medio de procesos judiciales no puedan ser designadas a cargos políticos ni presentarse como candidatos. A su vez, el mandatario firmó un decreto que obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas en un plazo de 30 días.
Restricciones para candidatos y funcionarios
El proyecto de ley "Ficha Limpia" propone modificaciones en el Código Electoral de Neuquén. Según la propuesta, no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos comunes o federales, así como aquellos procesados con prisión preventiva. También se incluyen en las restricciones a personas condenadas por delitos de narcotráfico, evasión fiscal o violencia de género. De igual forma, aquellos que adeuden pagos de alimentos o estén inhabilitados por juicio político no podrán acceder a cargos públicos.
La propuesta también prevé que los aspirantes a cargos representativos presenten una serie de documentos, como certificados de antecedentes penales y pruebas de cumplimiento de obligaciones alimentarias. Estos requisitos deberán ser acreditados mediante una declaración jurada por cada candidato al momento de oficializar las listas.
Obligación de declaración jurada para los funcionarios públicos
Además del proyecto de ley, el gobernador firmó un decreto que establece la obligatoriedad de que todos los funcionarios de la planta política de la provincia presenten sus declaraciones juradas. Según lo estipulado, tendrán 30 días hábiles para hacerlo, contados desde la publicación en el Boletín Oficial. Aquellos que no cumplan con esta obligación no podrán asumir sus cargos y tendrán sus haberes retenidos hasta que regularicen la situación.
El decreto afecta a ministros, secretarios, subsecretarios y otros cargos de la administración pública provincial. Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el control sobre la gestión pública y asegurar que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades fiscales y legales.
Críticas y preocupaciones sobre la implementación
Aunque la medida se presenta como un avance hacia la transparencia, algunas voces de la oposición y expertos en derecho ya comenzaron a manifestar dudas sobre la eficacia y la equidad de las restricciones propuestas. Algunos consideran que estas medidas podrían ser un obstáculo para la participación política, especialmente en un contexto donde varias personas involucradas en procesos judiciales pueden ver limitadas sus posibilidades de acceder a cargos públicos, incluso si no han sido condenadas.
A medida que la iniciativa avanza en la Legislatura, se esperan debates sobre sus implicaciones legales y su real impacto en la lucha contra la corrupción en la provincia. La propuesta también podría generar controversias sobre su alcance, en especial en lo que respecta a las disposiciones que afectan a los funcionarios y las exigencias de transparencia para los candidatos.
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