A tres meses de la puesta en marcha de la Ley Provincial 3488, que autoriza a la Policía de Neuquén a intervenir en casos de narcomenudeo, el gobierno provincial exhibe los primeros resultados concretos de esta política. El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles un acto simbólico de quema de drogas incautadas en operativos recientes, y aprovechó para reforzar su mensaje: “Estamos trabajando para que el ciudadano esté protegido, para que las leyes se cumplan y el Estado actúe con firmeza”.
Con un tono firme pero también conciliador, Figueroa remarcó que el combate al delito no se limita al accionar policial, sino que forma parte de una estrategia más amplia que involucra inversión, coordinación entre poderes y un cambio estructural en las fuerzas de seguridad.
Condenas y operativos: primeros resultados visibles
Desde que la normativa entró en vigor en febrero, se realizaron 269 allanamientos en distintas localidades de la provincia. Como resultado, se dictaron las primeras cuatro condenas por microtráfico, con penas de prisión efectiva de cuatro años. Durante los procedimientos también se incautaron más de 4 kilos de marihuana, cerca de un kilo de cocaína, y se secuestraron 160 plantas de cannabis.
Las drogas fueron destruidas en un operativo público supervisado por autoridades provinciales y municipales, en un acto que buscó simbolizar el cierre de un ciclo: el decomiso, la condena y la eliminación de las sustancias.
“Invertimos para proteger, no para reprimir”
Durante su intervención, Figueroa subrayó el carácter integral de las políticas de seguridad impulsadas por su gobierno. Anunció una inversión superior a los 15.000 millones de pesos en tecnología, armamento y equipamiento policial, incluyendo pistolas no letales como Taser y Byrna, nuevos móviles, cámaras de vigilancia y sistemas de comunicación digital.
“No queremos una fuerza que actúe con violencia, sino una que esté preparada, equipada y capacitada para cuidar a los ciudadanos”, afirmó. Además, anticipó que se enviará a la Legislatura una nueva ley policial con perspectiva de género, diversidad y discapacidad, para modernizar el funcionamiento institucional y promover una seguridad más democrática.
Coordinación y desafíos
Figueroa también hizo hincapié en la necesidad de una colaboración efectiva entre los tres poderes del Estado. “Ningún gobierno puede resolver el problema del narcotráfico por sí solo. Se necesita decisión política, pero también justicia activa y compromiso comunitario”, dijo.
Si bien el gobierno muestra resultados alentadores en materia de microtráfico, persisten desafíos: desde la necesidad de capacitación continua en las fuerzas hasta garantizar que las reformas legales se traduzcan en acciones sostenibles. La respuesta, como señaló el gobernador, está en la coordinación entre instituciones y en una visión de seguridad como derecho ciudadano, no como herramienta punitiva.
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