El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó el proyecto de ley "Ficha Limpia", que tiene como principal objetivo impedir que personas con antecedentes penales o causas judiciales en curso puedan postularse como candidatos o asumir cargos dentro del gobierno provincial. Esta iniciativa, que busca aumentar la confianza de la ciudadanía en sus representantes, se encuentra ahora en manos de la Legislatura provincial, donde deberá ser debatida y, en su caso, aprobada.
La propuesta de Ficha Limpia se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Ejecutivo provincial por fortalecer la transparencia en la administración pública. A través de este proyecto, se pretende garantizar que aquellos que asuman funciones en el poder político no estén vinculados a delitos o investigaciones judiciales que puedan comprometer su ética y desempeño en el cargo.
La obligación de las declaraciones juradas
En paralelo, Figueroa firmó un decreto que refuerza la transparencia en el gobierno provincial. Esta norma establece que todos los funcionarios que ocupen cargos dentro de la planta política deberán presentar sus declaraciones juradas en un plazo de 30 días hábiles a partir de la asunción de sus funciones. De esta forma, se busca una mayor visibilidad sobre la situación económica de quienes toman decisiones importantes para la provincia.
El incumplimiento de esta obligación implica sanciones severas. En concreto, aquellos funcionarios que no presenten su declaración jurada en el plazo estipulado no podrán asumir su cargo ni percibir los haberes correspondientes. Esto busca asegurar que los funcionarios sean transparentes en cuanto a sus bienes, ingresos y situaciones fiscales, algo esencial para prevenir cualquier tipo de conflicto de interés.
¿Qué implicaría esta medida para el futuro político de Neuquén?
Este proyecto de ley ha generado un amplio debate en la provincia. Por un lado, es visto como un paso positivo hacia una mayor transparencia y la profesionalización de la política. Se considera que eliminar la posibilidad de que personas con antecedentes penales o causas judiciales ocupen cargos políticos contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
Por otro lado, hay quienes consideran que la ley podría ser utilizada de forma discriminatoria o política, si no se establece de manera clara qué tipo de antecedentes penales o causas judiciales se considerarán para inhabilitar a los candidatos. Por ello, se espera que durante el debate legislativo se definan criterios más específicos sobre qué situaciones quedarán fuera de la posibilidad de postulación.
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