Durante los próximos seis meses ningún radar instalado en rutas de la provincia de Neuquén podrá emitir multas. Así lo establece una nueva ley aprobada por la Legislatura, que busca ordenar y transparentar el uso de estos dispositivos, hasta ahora en manos de los municipios y empresas privadas, muchas veces sin criterios claros ni señalización adecuada.
La norma surge tras múltiples reclamos de automovilistas, vecinos y autoridades que denunciaban una utilización “arbitraria y meramente recaudatoria” de los radares. Desde su publicación oficial, la ley establece que todo radar deberá ser autorizado previamente por la Dirección Provincial de Seguridad Vial, con documentación que respalde técnicamente su necesidad.
Reglas claras para prevenir, no para castigar
Hasta ahora, los municipios podían instalar radares con solo una ordenanza local y acuerdos directos con empresas privadas. Esa lógica, sin intervención provincial, habilitó situaciones irregulares y cuestionadas, como la ocurrida con un radar en la localidad de El Chocón, que generó cientos de multas en poco tiempo.
“Estos radares no estaban bien señalizados, ni ubicados en zonas críticas. El objetivo no era prevenir accidentes, sino recaudar”, explicó la diputada provincial Giselle Stillger (Arriba Neuquén), una de las autoras del proyecto. La funcionaria aseguró que recibió denuncias de vecinos de Añelo y San Patricio del Chañar sobre la presencia de radares sin aviso previo ni justificación aparente.
La nueva legislación apunta justamente a evitar estos abusos. A partir de su entrada en vigencia, los municipios deberán solicitar autorización formal a la provincia y acompañar la petición con informes que demuestren la necesidad de instalar un radar. Además, será obligatorio colocar carteles al menos 500 metros antes de cada dispositivo, priorizando la prevención por sobre la sanción.
Transparencia y educación: dos ejes clave de la ley
Otro aspecto destacado de la norma es la obligación de crear un sistema público para ubicar todos los radares habilitados. La Dirección Provincial de Seguridad Vial deberá publicar en su sitio web un mapa actualizado con la ubicación y documentación de cada dispositivo autorizado.
En paralelo, se establece que al menos el 50% de lo recaudado por infracciones deberá destinarse a programas de educación vial. Esta información también deberá ser publicada para asegurar el control ciudadano sobre el uso de esos fondos.
Si bien la ley no tiene efecto retroactivo, la diputada Stillger recomendó a quienes hayan recibido multas anteriores “que las impugnen una por una”, ya que muchas podrían no cumplir con los requisitos que ahora serán obligatorios.
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