El proyecto de ley de Manejo del Fuego, presentado por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 1 de marzo, continúa sin avanzar en la Legislatura neuquina a pesar de que han pasado más de seis meses desde su ingreso. La norma busca establecer un marco legal específico para prevenir y combatir incendios forestales y rurales en la provincia, en un 2025 marcado por la falta de lluvias y el aumento de las temperaturas.
La demora preocupa porque la propuesta no solo apunta a la creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, sino que también contempla mecanismos de financiamiento, capacitación y sanciones. Sin embargo, a la fecha, el texto no fue debatido en ninguna comisión, mientras la sequía multiplica el riesgo de focos ígneos en la cordillera, la meseta y los valles neuquinos.
La iniciativa, de 69 artículos, plantea un esquema integral que va desde la prevención y control de incendios hasta la restauración de áreas afectadas. Según el texto, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos será la autoridad de aplicación y contará con un fondo provincial destinado al manejo del fuego y la recuperación ambiental.
Ese fondo estaría compuesto por partidas del presupuesto, multas aplicadas por incumplimientos, aportes de Nación, donaciones y contribuciones privadas. Incluso, se prevé el cobro de una tasa retributiva. La idea es garantizar que, más allá de las contingencias climáticas, la provincia tenga recursos estables para sostener equipos, infraestructura y programas de concientización.
La norma también fija responsabilidades concretas: los municipios deberán elaborar planes locales de protección contra incendios y capacitar a su personal; los propietarios de campos rurales estarán obligados a abrir y mantener picadas cortafuegos, limpiar alambrados y adoptar medidas preventivas; y los grandes emprendimientos turísticos o productivos deberán presentar planes de manejo de combustibles como condición para obtener habilitaciones.
El contexto climático acentúa la urgencia del tratamiento legislativo. Según reportes meteorológicos, el 2025 viene marcado por escasas precipitaciones y temperaturas elevadas, una combinación que favorece la propagación de incendios de magnitud.
Si bien el proyecto incluyó instancias de consulta con especialistas y organizaciones vinculadas al ambiente, lo cierto es que todavía no fue girado a las comisiones para su discusión formal. Esa parálisis contrasta con la cercanía de los meses más críticos del año, cuando los incendios suelen arrasar con bosques, pastizales y zonas de interfase urbano-rural.
Distintos actores vinculados al ambiente y a la gestión de riesgos advirtieron que la provincia podría atravesar la próxima temporada sin contar con una herramienta legal que permita coordinar acciones y asegurar financiamiento. En otras palabras, el riesgo es enfrentar emergencias con un marco normativo incompleto y con las responsabilidades dispersas entre municipios, propietarios y organismos estatales.
La demora en el tratamiento legislativo deja en suspenso un proyecto que, según sus fundamentos, busca “ordenar, prevenir y fortalecer” la capacidad del Estado neuquino frente a incendios forestales y rurales. Mientras tanto, el tiempo juega en contra: los índices de sequía y calor son cada vez más altos y el territorio neuquino ya tiene antecedentes de focos que en pocos días consumieron miles de hectáreas.
Comentarios