El espacio político Fuerza Patria Neuquén expresó un enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta del 100% del paquete accionario de las represas hidroeléctricas del país, entre ellas las del complejo Comahue. Consideradas estratégicas para el sistema energético argentino, estas centrales abastecen a gran parte del territorio patagónico y representan un recurso clave en materia de desarrollo y soberanía energética.
La medida, oficializada mediante la Resolución 1569/2025, fue publicada esta semana en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La norma modifica el pliego del concurso público nacional e internacional que incluye a las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas con asiento en la región del Comahue.
Advertencia sobre la entrega del patrimonio nacional
Desde Fuerza Patria advirtieron que la resolución constituye “un nuevo intento de entregar los recursos del Comahue y el patrimonio público que pertenece a las provincias y a su gente”. En un comunicado, el espacio recordó que “no se puede permitir que se repita la historia de los años ’90, cuando las empresas del Estado fueron vaciadas y los únicos beneficiarios fueron los privados”.
En ese sentido, destacaron el accionar de la senadora nacional Silvia Sapag, quien además de haber votado en contra de la Ley Bases, presentó junto a Oscar Parrilli, Martín Doñate y Silvina García Larraburu un amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal para frenar el proceso de privatización. La causa se encuentra actualmente en trámite ante la Fiscalía N.º 8, que deberá definir si la venta avanza o queda suspendida hasta tanto se analice su legalidad.
Reclamo por la soberanía provincial y la reinversión energética
El comunicado de Fuerza Patria también puso en duda la legalidad del procedimiento, al señalar que el Gobierno nacional omitió la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación en la valuación de los activos y excluyó a las provincias de la discusión sobre la administración de los recursos hídricos.
“El modelo propuesto ignora la soberanía provincial sobre los recursos naturales y no contempla la reinversión en infraestructura energética. Estas empresas, que ya obtuvieron ganancias extraordinarias, deben devolver parte de esa renta en beneficio del país, no seguir fugando divisas al exterior”, indicaron desde el espacio.
Finalmente, Sapag y los senadores patagónicos propusieron que cualquier nuevo esquema de gestión contemple una participación del 50% para las provincias de Neuquén y Río Negro, y que al menos la mitad de las utilidades se reinviertan en proyectos hidroeléctricos locales.
“Defender la energía del Comahue es defender el futuro de nuestra Patagonia. No es solo una cuestión económica, sino de soberanía, de federalismo y de justicia con nuestras provincias”, concluyó Sapag.
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