La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles, en una sesión cargada de debate, la ley que establece la obligatoriedad de realizar narcotests a quienes ocupen cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado provincial. La medida alcanza a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes y concejales, además de directivos de entes públicos y empresas estatales.
La votación fue mayoritariamente favorable, con el acompañamiento de bloques de oficialismo y oposición, entre ellos Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, Unión por la Patria, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. Solo la izquierda, representada por FIT-U y PTS-FIT-U, rechazó la iniciativa al considerarla un avance autoritario que no resuelve los problemas de fondo del consumo problemático.
Argumentos a favor y en contra
El miembro informante del proyecto, Francisco Lepore (Avanzar), defendió la medida como un mecanismo de transparencia institucional. “Los funcionarios debemos estar sometidos a los mismos controles —o más— que los ciudadanos que representamos”, expresó. Además, detalló que los test serán sorpresivos, con posibilidad de contraprueba en laboratorio, y que la negativa a realizarlos sin causa justificada se considerará como resultado positivo.
Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez insistió en que la ley es parte de una política de seguridad más amplia: “No se busca invadir la intimidad de nadie, sino garantizar que un funcionario no tenga vínculos con narcotraficantes”. En la misma línea, Darío Peralta (UxP) destacó que la norma “da una muestra clara a la sociedad” y fortalece la confianza pública.
El MPN, a través de Claudio Domínguez, se sumó a la defensa al remarcar que no criminaliza al consumidor en general, pero establece un límite claro: “No podés ser funcionario político ni tener responsabilidades de gobierno si consumís”. En cambio, María Cecilia Papa (Fuerza Libertaria) apoyó con reparos, señalando la falta de participación de especialistas en el debate: “Se debería haber convocado a psiquiatras, bioquímicos y fundaciones, porque estamos hablando de un problema de salud mental”.
La oposición más dura vino de la izquierda. Andrés Blanco (PTS-FIT-U) denunció que se trata de “humo para la tribuna” y de una “avanzada autoritaria” que terminará beneficiando a laboratorios privados. Julieta Ocampo (FIT-U) cuestionó la ausencia de voces técnicas en el proceso legislativo y advirtió que la ley no contempla mecanismos de acompañamiento a funcionarios con consumos problemáticos.
Figueroa se sometió al primer narcotest
Minutos después de la sanción, el gobernador Rolando Figueroa cumplió con lo que había anticipado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo: fue el primero en realizarse el examen toxicológico. El test dio negativo para distintas sustancias prohibidas.
“Me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores. Quienes ocupamos cargos públicos debemos someternos a este tipo de pruebas para darle tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud y nuestras responsabilidades”, sostuvo el mandatario tras conocerse el resultado.
La nueva norma fija que los controles deberán respetar principios rectores como confidencialidad, proporcionalidad, privacidad, derecho de defensa y debido proceso. Además, la medida se enmarca dentro de la política provincial de lucha contra el narcotráfico, que incluye la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, herramienta que busca dotar de mayor capacidad de acción a la Policía y a la justicia neuquina.
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