El diputado provincial César Gass ha presentado un proyecto para solicitar la declaración de Emergencia Nacional ígnea en la Patagonia, debido a una sequía extrema y una serie de incendios forestales sin precedentes que impactan gravemente a las provincias del sur y a áreas protegidas de inmenso valor ambiental y cultural.En este verano, la provincia de Chubut ha sido una de las más golpeadas, enfrentando incendios en la Comarca Andina, especialmente en Lago Epuyén y Río Turbio, así como en el Parque Nacional Los Alerces, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. También se han reportado incendios significativos en Santa Cruz, en el área norte del Parque Nacional Los Glaciares, y Neuquén ha lidiado con incendios devastadores en el Valle de Magdalena, mientras que Río Negro ha experimentado problemas en El Bolsón y en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE).Gass enfatizó que la Patagonia enfrenta su segundo verano consecutivo de incendios destructivos que arrasan bosques, perjudican comunidades y generan cambios irreversibles en la biodiversidad, el paisaje, la producción y el turismo. El proyecto advierte que el cambio climático ha aumentado la frecuencia y severidad de fenómenos extremos, originando incendios de sexta generación, que son más violentos e impredecibles. En este contexto, Gass subrayó la necesidad urgente de aumentar los recursos para combatir el fuego, incluyendo más aeronaves, brigadistas, maquinaria pesada y asistencia sanitaria.Además, el diputado criticó la falta de financiamiento en las políticas de prevención y gestión del fuego, señalando que el Plan Nacional de Manejo del Fuego ha tenido una ejecución presupuestaria del 75%, lo que representa cerca de 20.000 millones de pesos que no se han utilizado para fortalecer el sistema ni asistir a las provincias. Gass recordó que el derecho a un ambiente sano está consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y ha sido reafirmado por la Corte Suprema, lo que impone una obligación clara al Estado.Finalmente, el proyecto busca establecer una respuesta federal, urgente y coordinada ante una problemática recurrente cada verano, exigiendo decisiones políticas inmediatas para salvaguardar el patrimonio natural, las comunidades afectadas y las generaciones futuras.

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