La ex vicegobernadora Gloria Ruiz volvió a mover sus fichas en el plano judicial y reactivó el reclamo con el que busca ser restituida en el cargo del que fue apartada a fines de 2024. Luego de meses de parálisis en el expediente, la dirigente presentó una nueva representante legal y solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación retome el tratamiento del amparo con el que cuestiona la decisión adoptada por la Legislatura de Neuquén.
El eje central del planteo apunta a dejar sin efecto la resolución legislativa que declaró su “inhabilidad moral” y derivó en su destitución como vicegobernadora. Ruiz sostiene que el procedimiento vulneró garantías constitucionales y derechos políticos básicos, tanto por la forma en que se desarrolló como por el contenido de la acusación. Con ese argumento, busca que el máximo tribunal nacional habilite la revisión del caso, pese a que la Justicia provincial ya dio por cerrado el conflicto institucional.
El intento por reactivar el expediente llega en un momento clave: el amparo había quedado virtualmente detenido por la falta de impulso procesal, situación que ahora intenta revertirse con un cambio de estrategia y de representación legal.
Un cambio de defensa para destrabar el expediente
La reactivación del reclamo se produjo tras la renuncia de los abogados que hasta ahora patrocinaban a Ruiz. Según consta en la presentación judicial, Fabián Javier Lekerman, Natalí Ximena Broitman, Patricio Winograd y Carlos Alberto Gerardo Broitman dejaron la causa por “diferencias irreconciliables” con la línea de defensa que pretendía seguir la ex funcionaria.
En su lugar asumió la Dra. María José Bertolli, abogada con estudio jurídico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tomó a su cargo la tarea de impulsar nuevamente el amparo ante la Corte Suprema. La movida apunta a evitar que el planteo quede definitivamente archivado y a forzar una definición del máximo tribunal, aun cuando el escenario no aparece como favorable.
El recurso presentado cuestiona la legalidad de la suspensión votada por la Legislatura en noviembre de 2024 y ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Para Ruiz, ese proceso no respetó principios básicos del debido proceso ni garantizó una evaluación imparcial de los hechos que se le imputaron.
La advertencia de la Procuración y el frente penal abierto
Uno de los principales obstáculos para la estrategia judicial de la ex vicegobernadora es el dictamen de la Procuración General de la Nación. En un escrito elevado a la Corte, la procuradora Laura Mercedes Monti recomendó que el máximo tribunal se declare incompetente para intervenir en el caso.
El argumento se apoya en el principio de autonomía provincial: según la Procuración, la destitución de una autoridad local por decisión de su Legislatura y con aval de la Justicia provincial debe resolverse dentro de ese ámbito, sin habilitar la instancia federal. De prosperar esta postura, la Corte Suprema podría rechazar el planteo sin analizar el fondo del reclamo, dejando a Ruiz sin una vía judicial superior a la cual recurrir.
En paralelo al conflicto institucional, la ex vicegobernadora enfrenta una causa penal por presuntas irregularidades económicas durante su gestión. La fiscalía le formuló cargos por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, y dispuso embargos millonarios sobre bienes y cuentas para garantizar eventuales reparaciones al Estado. Si bien ese expediente avanza por carriles separados, su existencia suma presión al escenario general y condiciona cualquier intento de retorno a la función pública.
Por estas horas, el futuro del reclamo depende de una definición de la Corte Suprema: aceptar el caso y abrir una instancia de revisión extraordinaria, o bien declararse incompetente y dar por agotada la vía judicial. Mientras tanto, Gloria Ruiz insiste en mantener vivo el planteo que podría marcar el último capítulo de una de las crisis políticas más relevantes del último tiempo en Neuquén.
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