El Frente Sindical de Neuquén, integrado por gremios como ATEN, ATE, Sejun, ANEL, UPCN y Siprosapune, presentó un recurso de amparo colectivo ante el Juzgado Federal N.º 1 de Neuquén contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2024, emitido por el presidente Javier Milei. El objetivo es que la Justicia declare la nulidad del decreto que redefine el derecho a huelga en sectores que el Gobierno considera “esenciales” o “trascendentales”.
El decreto en cuestión obliga a garantizar un funcionamiento del 75% de las tareas en servicios esenciales y del 50% en los considerados trascendentales, incluso durante medidas de fuerza. Según los sindicatos, esto atenta directamente contra el derecho constitucional a la protesta y a la negociación colectiva, vulnerando además convenios internacionales como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, advirtió que el Ejecutivo está “usurpando facultades legislativas sin pasar por el Congreso” y subrayó que el decreto “no cumple con los criterios de urgencia ni necesidad” que exige la Constitución para este tipo de medidas. En esa línea, calificó la iniciativa como un intento de imponer disciplina social a través de la judicialización de la protesta.
Movilización en las calles y denuncia penal contra Milei
Además del amparo, los gremios realizaron una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, solicitando que se declare la inconstitucionalidad del decreto a nivel provincial. Durante la jornada también marcharon por el centro de la ciudad con pancartas en defensa de los derechos laborales y en rechazo al ajuste promovido por el Gobierno nacional.
Pero las acciones gremiales no se limitaron al plano administrativo. También presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La denuncia, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, bajo la órbita del fiscal Carlos Stornelli, los acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Las organizaciones sostienen que el decreto no solo limita el derecho a huelga sino que pretende instalar un nuevo marco legal para restringir la protesta social y criminalizar a quienes se movilicen.
Reacciones políticas y temor a un precedente regresivo
El DNU ha encendido las alarmas en sectores políticos, gremiales y sociales, que advierten sobre el riesgo de un retroceso en materia de derechos laborales. Diputados de la oposición preparan proyectos para derogar el decreto en el Congreso, mientras que organismos de derechos humanos alertan sobre su posible uso como herramienta represiva.
En Neuquén, los gremios dejaron en claro que no se trata solo de un reclamo local, sino de una defensa más amplia del derecho a huelga en todo el país. Anunciaron que continuarán con acciones legales y movilizaciones si el Gobierno nacional no da marcha atrás con la medida.
“Estamos frente a un intento de disciplinamiento social que busca eliminar toda resistencia a un modelo de ajuste”, sentenció Quintriqueo. “La calle y la Justicia son nuestros caminos para resistir esta avanzada”.
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