Jorge Salas, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, presentó su renuncia en respuesta a las acusaciones de fraude que pesan sobre la Cooperativa 127 Hectáreas. En su declaración, Salas negó las acusaciones y sugirió que las denuncias son parte de una maniobra política en su contra, específicamente impulsada por el exdiputado provincial Mariano Mansilla.
Salas explicó que su decisión de renunciar no fue solicitada por el gobierno provincial, aunque destacó que tanto el gobernador Rolando Figueroa como otros ministros le pidieron que permaneciera en su puesto. Sin embargo, optó por retirarse para poder centrarse en la situación de la cooperativa, que se encuentra en el centro de la controversia.
Defensa de Salas y acusaciones de campaña política
En su declaración, Salas subrayó que la renuncia fue una decisión personal y expresó su agradecimiento al gobernador y a otros funcionarios que lo apoyaron durante su tiempo en el gabinete. Afirmó que, si bien es cierto que han existido demoras en los proyectos de la cooperativa, las acusaciones de mala gestión o de no dar la cara son infundadas. De igual manera, denunció que la situación está siendo manipulada por intereses políticos, señalando específicamente a Mansilla como el principal impulsor de una campaña de desprestigio.
El exdirector también comentó que algunos miembros de la cooperativa han recibido amenazas e insultos a través de las redes sociales, situación que calificó como parte de la misma campaña. Salas negó que se haya producido maltrato hacia los socios de la cooperativa y aseguró que se ha buscado siempre la transparencia en el proceso.
Denuncia de estafa y la investigación judicial
Por otro lado, la denuncia que originó este escándalo fue presentada por Mariano Mansilla, quien acusó a la cooperativa de una estafa que podría ascender a una cifra cercana a los 300 millones de pesos. Mansilla señaló que muchos de los socios afectados han perdido sus ahorros al confiar en un proyecto que, según él, nunca se materializó adecuadamente. La denuncia abarca varios proyectos de viviendas y terrenos en distintas localidades, como La Meseta, Sirena Unificada, y Centenario I y II.
El exdiputado manifestó que, además de la falta de viviendas construidas, los socios fueron obligados a cumplir con pagos mensuales bajo la amenaza de perder lo invertido, pero sin recibir respuestas por parte de la cooperativa. En su declaración, Mansilla expresó su indignación, calificando el hecho como una "estafa a gran escala".
Por su parte, Salas refutó estas acusaciones, insistiendo en que la situación no fue el resultado de un error administrativo, sino de una campaña de difamación orquestada por quienes buscan beneficiarse políticamente del conflicto.
Avance de la investigación
El caso ha tomado relevancia no solo por las denuncias de fraude, sino también por la preocupación de los afectados, que siguen esperando una respuesta satisfactoria por parte de la justicia. La investigación está en curso, aunque aún no se ha asignado un juez para el caso. Los damnificados continúan luchando por recuperar lo perdido, mientras esperan que la justicia actúe con la rapidez que la situación requiere. Mientras tanto, la polémica en torno a la cooperativa sigue creciendo, con múltiples voces acusando tanto a los responsables de la gestión como a aquellos que han aprovechado el caso para fines políticos.
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