En medio de un nuevo capítulo de tensión entre el Congreso y la Casa Rosada, el Senado aprobó este jueves por 52 votos afirmativos, cero negativos y cuatro abstenciones la ley que establece un aumento para las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional. Sin embargo, antes de que se terminara la sesión, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la norma y, si el Congreso insiste, llevará el tema a la Justicia.
Neuquén tuvo un rol activo en la jornada: dos de sus tres senadores votaron afirmativamente, en línea con los bloques opositores que impulsaron la iniciativa. Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Unión por la Patria) acompañaron el proyecto. En cambio, Lucila Crexell (Unidad Federal) estuvo ausente y no emitió comentarios públicos sobre su posición, aunque su cercanía con el oficialismo viene marcando distancia respecto a votaciones clave.
El detalle neuquino: apoyos firmes y una silla vacía
Mientras los senadores del oficialismo de La Libertad Avanza se retiraban del recinto en rechazo al tratamiento de la ley, Parrilli y Sapag sostuvieron su respaldo al proyecto desde sus bancas. Sapag incluso presidió el tramo de la sesión en el que se aprobó la norma, en reemplazo de Victoria Villarruel, quien no asistió.
Ambos legisladores ya habían manifestado su compromiso con una fórmula previsional más justa. Durante el debate, destacaron que la iniciativa aumenta el bono previsional de $70.000 a $110.000 y que habrá actualización automática por inflación, además de la restitución de la moratoria para personas que no alcanzan los 30 años de aportes.
La ausencia de Crexell, sin explicación pública hasta el momento, no pasó desapercibida. Aunque integra un bloque independiente, en los últimos meses su voto ha coincidido en varias oportunidades con las posturas del Gobierno nacional.
Río Negro votó en bloque, el Gobierno promete veto
La vecina provincia de Río Negro aportó los tres votos afirmativos: Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). Fue uno de los distritos que acompañó la iniciativa sin fisuras, en un contexto donde varios gobernadores se comunicaron con sus senadores para rechazar el proyecto, argumentando un impacto fiscal del 2,5% del PBI.
Desde el Gobierno, los cuestionamientos apuntan a que el nuevo bono se transforma en un derecho permanente. Según el Ministerio de Economía, la medida costaría un 0,45% del PBI, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un 0,75% del PBI.
Pese al amplio respaldo en el Senado, Milei fue tajante: “Vamos a vetar. Si el Congreso lo rechaza, judicializaremos”. Lo dijo en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el mismo momento en que la Cámara alta debatía la ley.
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