La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana un proyecto de ley que propone un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios y una suba del bono mensual a $110.000 para los ingresos más bajos del sistema previsional. La iniciativa obtuvo media sanción con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Ahora el debate se traslada al Senado.

Aunque el proyecto fue impulsado por bloques opositores como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, la votación en Neuquén mostró matices y decisiones que reflejan más que afinidades partidarias: también expresan lecturas distintas del escenario social y fiscal.

División neuquina: tres a favor, dos en contra

De los cinco diputados nacionales que representan a Neuquén, tres votaron a favor de la iniciativa y dos en contra. Los legisladores Pablo Todero y Tanya Bertoldi (ambos de Unión por la Patria) acompañaron el proyecto, al igual que Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Por el contrario, Nadia Márquez (La Libertad Avanza) y Pablo Cervi (UCR) rechazaron la propuesta, alineándose con la postura oficialista que advierte sobre el impacto fiscal de la medida.

Llancafilo fue uno de los que tomó la palabra durante el debate para justificar su acompañamiento: “Entiendo esto como un gesto hacia los jubilados, y que de ninguna manera pone en riesgo el equilibrio fiscal”, aseguró. Aun así, insistió en que la situación del sistema previsional no puede resolverse con medidas puntuales y reclamó una reforma integral.

El legislador neuquino también respaldó la conformación de una comisión para avanzar en esa reforma y consideró que discutir los problemas estructurales de las jubilaciones es una tarea que no puede seguir postergándose.

Contexto nacional: entre el alivio y las advertencias

El proyecto aprobado también establece la incorporación por ley de la fórmula de movilidad jubilatoria que el Ejecutivo implementó por decreto en marzo, mediante el DNU 274/24. Además, incluye el compromiso de saldar deudas con las cajas previsionales provinciales que aún no han sido transferidas a la Nación, algo que afecta directamente a varias jurisdicciones.

Como fuentes de financiamiento, el dictamen menciona la eliminación de exenciones impositivas y la reasignación de partidas presupuestarias. A pesar de ello, desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete Guillermo Francos ya adelantó que cualquier norma que complique el equilibrio fiscal será vetada.

En paralelo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtió que el costo fiscal del proyecto rondaría los 12 mil millones de dólares, una cifra equivalente al 1,8% del PBI. Estas proyecciones fueron parte del argumento de quienes votaron en contra, como Márquez y Cervi.

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